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La Disciplina Mediática

Chomsky: “ los medios de EE.UU. son muy disciplinados"
Al cumplirse 16 años del encarcelamiento de los antiterroristas cubanos se revela, otra vez, el verdadero papel de los grandes medios de comunicación norteamericanos. 

Para ellos, el 12 de septiembre pasó inadvertido igual que los actos de protesta por la injusticia.

Nada publican tampoco sobre la demora del Tribunal de Miami en responder al Habeas Corpus que Gerardo Hernández Nordelo presentó en junio de 2010, hace más de cuatro años, ni a los que después presentaron Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Son tres recursos que, en gran medida, se basan, precisamente, en la manipulación y el pago por el Gobierno, con dinero público, a periodistas que promovieron la campaña de odio y desinformación que el Panel de la Corte de Apelaciones de Atlanta, al anular el juicio en 2005, describió como “una tormenta perfecta”. 

Curiosamente, la revelación del operativo surgió en 2006 cuando The Miami Herald se vio obligado a despedir a algunos empleados suyos involucrados en el escándalo. Tal violación de la ética profesional fue criticada, por instituciones de prestigio como la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otras, que, más allá de la Florida, expresaron su alarma.

La Jueza tampoco responde la solicitud para que el Gobierno entregue los datos que oculta todavía acerca de un episodio ofensivo a una profesión que debería respetar. Ni a la petición de Gerardo para que conceda una audiencia oral en la que él pueda refutar las mentiras que lo condenan a morir en prisión. La jueza no responde, como si la vida de tres seres humanos a quienes ella impuso las sentencias más exageradas no fuera asunto de su incumbencia.

Ante esta situación la prensa calla, pero eso no debe causar sorpresa. Noam Chomsky, especialista del lenguaje, definió los medios norteamericanos con una palabra: DISCIPLINADOS.

Irónicamente, el silencio, en sí mismo, es noticia. Durante medio siglo Washington ha desplegado contra Cuba una colosal y sistemática propaganda en la que no ha faltado nada para inculpar de cualquier cosa a su Gobierno. Si los Cinco hubieran provocado algún daño a Estados Unidos, si su labor hubiera sido tan peligrosa, de ellos habrían hablado sin parar día y noche.

El obediente silencio de los medios es prueba elocuente de su inocencia y de la infamia de que son víctimas.

Tomado de La Nueva Réplica

Un mensaje coherente con nuevas herramientas

Por Nyliam Vázquez García  

Periodistas asistentes al X Décimo Coloquio de solidaridad con los Cinco y contra el terrorismo reflexionaron este viernes, en La Habana, sobre estrategias para romper el silencio mediático sobre el caso

Sobre la importancia de una visión estratégica de la comunicación, crear nexos entre los mensajes, moverse en varias plataformas simultáneamente y sacar el mayor rendimiento de cada acción comunicativa dedicada a tratar el tema de los Cinco, dialogaron la mañana de este viernes, en La Habana, los participantes en el X Coloquio de solidaridad con los Cinco y contra el terrorismo, junto a expertos y colegas cubanos.
Como durante 16 años, el caso que aún mantiene tras las rejas a Gerardo, Ramón y Antonio, y obligó a René y Fernando a cumplir hasta el último día de sus injustas sentencias, ha sido objeto de un cruel silenciamiento; no es casualidad que el Coloquio programe esta actividad para el segundo día de trabajo. El tema de los periodistas pagados con fondos Federales para condenar a los patriotas cubanos fue tratado por el periodista de la revista Areíto, Andrés Gómez, que comentó de los trabajos de los solidarios para develar esta irregularidad, una de las bases de las solicitudes de Habeas Corpus, aún sin responder por la Jueza, Joan Lenard.
Mientras Pedro García Espinosa, director de la Oficina de Nacional de Diseño (ONDI), llamaba la atención sobre la necesidad de ser muy rápido a la hora de montar nuestras campañas y de ser muy creativos con los contenidos.
«Hay que comunicar a través de nuevas técnicas», expresó el experto.
En la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), los delegados expusieron su experiencias y tuvieron oportunidad actualizarse sobre nuevas campañas lideradas por jóvenes. En ese sentido David Vázquez, al frente de un grupo creativo conformado con el apoyo del Comité Internacional, el ICAP y los familiares de los Cinco presentó la http://www.discoverthefive.com/ , una Web en la que asumen la «visión estratégica de comunicación» y donde ya han comenzado a colocar mensajes que buscan llegar al público norteamericano.
Verónica Puchero, periodista peruana y miembro del Comité de solidaridad con los Cinco en ese país, comentó de la campaña que llevan a delante en Facebook identificada como Yo también soy los 5. Al tiempo que dos jóvenes de la  Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) explicaron como se ha desarrollado el concurso Un selfie x los Cinco por los Cinco, lanzado por el blog jóvenes por los Cinco. Hasta el momento se han recibido más de 200 autorretratos y se supo que se extenderá el plazo de envío hasta el próximo 5 de octubre.
La periodista estadounidense, Mary-Alice Waters, de Pathfinder Press, llamó a destacar el ejemplo de los Cinco y de vincular la lucha a la clase trabajadora en su país. A su juicio las pinturas de Tony desde la prisión muestran la naturaleza de estos hombres.
Durante la actividad fue presentada la revista La Nueva Réplica, una publicación calificada como un puente entre los cubanos de aquí y de allá, según Max Lesnix, dirigente de la Alianza Martiana.
Lesnix recordó como la revista anterior había sido objeto de atentados terroristas en Miami por los mismos personajes que a los cinco vigilaban para adelantase a sus planes y aseguró que con los nuevos bríos mantendrían esa «tribuna de las causas justas».
La coordinadora del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco, Graciela Ramírez, comentó del trabajo impulsado por los jóvenes en función del regreso de Gerardo, Ramón y Antonio y llamó a usar los materiales colocado tanto en la nueva Web como en la del Comité internacional.
En el encuentro estuvo presente Ricardo Alarcón de Quesada, experto en el caso de los Cinco, y el prestigioso intelectual jamaicano-canadiense Keith Ellis. Como colofón, el trovador Tony Ávila regaló un poco de su buena música.
En reunión previa al Coloquio, el tema de los periodistas pagados con fondos Federales para condenar a los patriotas cubanos fue tratado por el periodista de la revista Areíto, Andrés Gómez, que comentó de los trabajos de los solidarios para develar esta irregularidad.
Fotos Roberto Suárez
Tomado de Juventud Rebelde

La disciplina mediática y el caso de los Cinco

Por Ricardo Alarcón de Quesada

Tributo a Leonard Weinglass

  “Por bondad de Dios tenemos en nuestro país estas tres cosas indeciblemente preciosas: libertad de expresión, libertad de conciencia y prudencia para no ejercer jamás ninguna de las dos.” Mark Twain

¡¡Descárgalo, imprímelo, difúndelo!!

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En la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, con un aparatoso despliegue de fuerzas, el Buró Federal de Investigaciones arrestó en Miami a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert. Fueron llevados a un centro de detención federal y, de inmediato, sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo, en lo que allá se conoce como “el hueco”. En tales condiciones habrían de permanecer durante los 17 meses siguientes.

Los Cinco no tenían antecedentes penales, no intentaron escapar o resistir a sus captores, nunca habían violado ley alguna, ni alterado la tranquilidad del vecindario. Pero se les negó la libertad provisional bajo fianza a la espera de un juicio que no comenzaría hasta finales del año 2000 y en el que serían representados por abogados de oficio designados por el tribunal, quienes tuvieron que enfrentar numerosos obstáculos para comunicarse con sus defendidos o para acceder a las evidencias, clasificadas todas como “secretas”, las cuales todavía son reclamadas, al día de hoy, por la defensa.
Ya en la mañana de aquel sábado, la prensa reportaba que oficiales del FBI se habían reunido, para darles cuenta del suceso, con Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart —“legisladores” de prosapia batistiana— y daba inicio contra los Cinco el “tamboreo propagandístico” para usar una expresión de Noam Chomsky.

Los jóvenes, a quienes nadie podía ver o escuchar, serían presentados desde entonces como “peligrosos criminales” cuyo propósito era, nada más y nada menos, “destruir a los EE.UU.”.
Un complicado proceso judicial, el más prolongado de la historia, tras recorrer una empinada senda hasta las puertas, que les fueron cerradas, de la Corte Suprema, está ahora en su etapa final, el procedimiento extraordinario que, en la jerga norteamericana, llaman Habeas Corpus y que debe ser resuelto, ante todo, por la misma Corte que los juzgó en primera instancia.

En junio de 2010, Gerardo presentó su recurso pidiendo la anulación de su condena o que se le permita comparecer ante el tribunal para refutar las falsas acusaciones formuladas en su contra. La Fiscalía se opuso a la solicitud y el tribunal aún no ha respondido.

A mediados del pasado año, su nuevo representante legal, Martin Garbus, introdujo una iniciativa que busca, además, forzar al Gobierno a exhibir evidencias claves hasta ahora ocultas.

Desde que presentó su moción a favor del Habeas Corpus de Gerardo, Garbus espera que la gran prensa norteamericana se de por enterada. Es un jurista eminente involucrado en varios casos que han tenido alto relieve en los medios, ha escrito libros acogidos muy favorablemente por la crítica especializada, y sus artículos y ensayos han encontrado espacio en publicaciones de amplia circulación. Se le considera como uno de los principales expertos en el sistema judicial de EE.UU., especialmente en cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda de la Constitución. Su solicitud trata que el gobierno sea obligado a revelar la información relativa a la conjura con un grupo de “periodistas” que recibieron pagos de agencias oficiales mientras atendían el caso en que su representado era el principal acusado.

Él insiste en que la batalla legal en que ahora está enfrascado tiene un carácter excepcional, sin precedentes, en la trayectoria de ese país. Sin embargo, apenas atrae la atención del público. Algo aún más sorprendente ya que en el centro de su demanda están, precisamente, los medios y el papel de la prensa.

Ya en agosto de 2005, el panel de la Corte de Apelaciones había decidido por unanimidad anular el juicio que tuvo lugar en Miami contra Gerardo y sus cuatro compañeros condenados allí por luchar contra los grupos terroristas anticubanos que operan desde esa ciudad. El argumento principal de los jueces fue que aquel proceso había sido, en realidad, una crasa violación a los principios constitucionales. Más que un juicio, fue, según los magistrados, “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad”.

Al año siguiente se filtró, en un artículo que dejó sin empleo a su redactor, que esa “tormenta perfecta”, desatada en la prensa local, había sido financiada por el Gobierno, con recursos extraídos del presupuesto federal. Desde entonces, septiembre de 2006, varias organizaciones de la sociedad civil norteamericana han hecho incansables gestiones para que el gobierno muestre lo que esconde acerca de esa operación: ¿cuántas personas participaron, cuánto les pagaron, quién la dirigió y cómo se realizó?

Pese a que el gobierno se ha resistido a los esfuerzos realizados al amparo de la denominada Ley de Libertad de Información ha sido posible reunir algunos datos que prueban que se trató de una operación multimillonaria cuyas dimensiones, aún desconocidas en su totalidad, carecen de punto de comparación en el pasado estadounidense.

Garbus ha acompañado su petición con una declaración jurada en la que, poniendo en juego su autoridad moral y su prestigio profesional, denuncia frontalmente la conducta ilegal del Gobierno y la entraña corrupta de la conspiración. En su declaración aporta nuevos datos, fruto de una investigación acuciosa y difícil, sobre los “periodistas” pagados por el gobierno: todos, sin excepción, están vinculados con o pertenecen a conocidos grupos terroristas, algunos fueron condenados como tales por tribunales norteamericanos y aún promueven abiertamente el culto a la violencia. Esos “periodistas” inundaron los medios locales con miles de artículos e informaciones —más de cinco por día durante el desarrollo del proceso— que se repetían día y noche en las emisoras locales de radio y televisión, una campaña de la que nadie podía escapar, en ninguna parte de la comunidad miamense.

Ese ambiente se produjo, incluso, antes del comienzo del juicio durante la etapa de selección de las personas que integrarían el Jurado, la mayoría de las cuales expresaron temores por las consecuencias que para ellas y sus familias tendría un fallo absolutorio, y recordaron los violentos disturbios asociados al secuestro del niño Elián González cuya liberación, mediante una acción sorpresiva de fuerzas especiales enviadas desde Washington, acababa de ocurrir.

La labor de los “periodistas” no se limitó a las actividades normales de quienes desempeñan ese oficio. Desde la instalación del tribunal, junto con la intensificación de la campaña mediática, se repitieron incidentes con los miembros del Jurado y también con abogados defensores y testigos que se quejaron a la Jueza Lenard por la persecución y el hostigamiento a que eran sometidos por los “periodistas”. La Jueza, por su parte, no solo reconoció que existía miedo entre los jurados causado por las acciones de los “periodistas” sino que pidió a la Fiscalía que la ayudase a poner fin a esa situación. Como consta en las actas del tribunal, la señora Lenard lo hizo desde los días iniciales hasta el final de un juicio que duró siete meses. Obviamente, sus ruegos no fueron escuchados. Era imposible que el Gobierno la ayudase porque era precisamente el Gobierno el que organizaba, pagaba y dirigía a los provocadores, algo que la jueza, como el resto del mundo, desconocía.

Además de utilizar a los “periodistas” incluidos secretamente en su nómina el Gobierno ejerció su influencia para que los medios locales contratasen para desempeñar similar función a individuos que nunca habían ejercido la profesión, algunos incapaces de redactar un par de cuartillas, que eran veteranos agentes de la CIA o habían sido miembros de la brigada mercenaria derrotada en Playa Girón, o habían cumplido condenas por acciones terroristas en Cuba o en EE.UU. Toda la operación fue también un imperdonable agravio al periodismo, una profesión cuyos principios y valores fueron groseramente pisoteados por el gobierno, hecho absolutamente sin precedentes, que no había ocurrido antes y que, al menos hasta ahora, no se ha repetido en EE.UU.

La conspiración mediática tuvo un doble carácter. Por una parte los medios locales de Miami fueron empleados como instrumentos para imponer un ambiente de odio irracional, de verdadera histeria colectiva que condenaba de antemano a los acusados y, como si esto fuera poco, para asegurar el veredicto anticipado, impusieron el terror sobre los miembros del jurado. Por la otra parte, fuera de Miami, han decretado la más férrea censura silenciando completamente el caso de los Cinco.

El juicio más largo en la historia de Norteamérica; en el que participaron como testigos almirantes, generales y altos oficiales, incluyendo un asesor principal del Presidente de EE.UU.; en el que rindieron testimonio, sin mostrar remordimiento, varios jefes terroristas, algunos vistiendo sus atuendos guerreros; un juicio que involucró las relaciones internacionales y cuestiones de seguridad nacional y terrorismo, temas que la prensa norteamericana seguía con obsesión, en pleno auge de la guerra de Bush contra el terrorismo.

Ese juicio, sin embargo, no tuvo la más mínima cobertura en los medios de comunicación de EE.UU. Ni una palabra apareció nunca en los grandes diarios o revistas, ni en las cadenas de televisión o de radio, ni siquiera en los canales televisivos que, dedicados a reseñar, exclusivamente los pleitos de tribunales, trasmiten veinticuatro horas todos los días. Ni una palabra.

Curiosamente, los corresponsales de esos medios nacionales en Miami reportaban el juicio cotidianamente pero solo para sus audiencias locales y algunos participaban también gozosamente en el asedio constante a los atemorizados miembros del Jurado.

El silencio  mediático sigue acosando a los Cinco héroes cubanos a lo largo de un prolongado proceso apelativo que aún continúa. Sistemáticamente han ocultado momentos importantes de la contienda legal que habrían sido noticia si no hubiera existido la orden de no divulgarlos. Prácticamente nada se ha publicado sobre: la decisión de Agosto de 2005 del panel de la Corte de Apelaciones anulando lo sucedido en Miami y disponiendo se celebrase un nuevo juicio en otra sede; la decisión de esa misma Corte, en 2009, revocando las sentencias impuestas respecto al Cargo 2 (Conspiración para cometer espionaje) porque, unánimemente, los 14 jueces determinaron que en este caso no había nada que afectase la seguridad nacional de EE.UU. ni prueba alguna de espionaje;  el recurso presentado por la propia Fiscalía en mayo de 2001 y su solicitud de retirar la acusación formulada contra Gerardo (Cargo 3, Conspiración para cometer asesinato) reconociendo que no podía sustentarla. Estos son tres ejemplos de acontecimientos que merecieron titulares de primera página pero fueron deliberadamente sepultados.

La lista de omisiones es larga. Solo agregaré las numerosas ocasiones en las que el Gobierno y el propio tribunal admitieron que la verdadera acusación contra los Cinco era la de haber luchado en Miami contra los grupos terroristas y que proteger a estos era el objetivo del juicio. El propósito de respaldar a los terroristas fue más allá del injusto y desmesurado castigo carcelario a los Cinco. A las sentencias impuestas a todos —incluso a Gerardo, condenado a morir dos veces en prisión— les fue agregada, a petición del gobierno, la llamada cláusula de “incapacitación”, o sea, la prohibición específica, una vez fuera de prisión, de intentar cualquier daño a los terroristas. Por extraño que parezca esa delirante restricción allá mantiene plena vigencia. A René González, quien está ahora retenido contra su voluntad en territorio norteamericano^1. se lo recordó la Jueza al salir de la prisión: “Como una condición especial adicional de la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas”. Todo lo anterior puede encontrarse visitando el sitio oficial del Tribunal del Sur de la Florida y leyendo el caso EE.UU. versus Gerardo Hernández et al. Ahí está la verdad de este caso, disponible para quien se atreva a divulgarla.

Tampoco han dado cuenta los grandes medios norteamericanos de los incontables reclamos a favor de los Cinco del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU o de Amnistía Internacional, o de varios parlamentos nacionales, o el número excepcionalmente elevado de Amicus (documentos de apoyo) dirigidos a la Corte Suprema de EE.UU., suscritos, entre otros, por diez Premios Nobel y por centenares de organizaciones y personalidades, incluyendo juristas, parlamentarios y religiosos de todo el planeta.

Hasta ahora han hecho caso omiso al Habeas Corpus, la Declaración Jurada y otros documentos presentados por Martin Garbus. Entre tanto, el gobierno no solo se opuso a esta petición, también le ha pedido a la Corte que la elimine, que no quede siquiera en la historia legal del caso y la haga desaparecer por completo. Esta insólita acción de la Fiscalía, por supuesto, tampoco ha sido noticia.

El gobierno quiere evitar cualquier examen de su operación secreta con un grupo de “periodistas” para lograr la más severa condena de cinco personas inocentes. Trata de impedir a toda costa que el asunto sea discutido y que trascienda a la opinión pública porque sabe que se trata de una clara violación a la Constitución y un acto de prevaricación sin precedentes que lo obligaría a poner en libertad inmediatamente a Gerardo y sus compañeros. Nunca antes se conoció de semejante transgresión a las normas del debido proceso. La jurisprudencia norteamericana está repleta de casos en que por faltas incomparablemente menores, incluso por errores procesales o técnicos, los juicios han sido anulados y los acusados devueltos a la libertad.

El eje de la campaña mediática —sobre la que Washington no quiere que se hable— fue la acusación contra Gerardo, su supuesta participación, que el propio gobierno reconoció le fue imposible probar, en el incidente del 24 de febrero de 1996 provocado por la intromisión ilegal en territorio cubano de tres aeronaves de un grupo terrorista asentado en Miami y el derribo de dos de ellas por la defensa antiaérea cubana.

Este cargo completamente inventado no formaba parte de la acusación inicial y fue incorporado medio año después del arresto de los compañeros mientras ellos estaban encerrados en “el hueco”, imposibilitados de replicar. Lo agregaron tras un intenso despliegue noticioso sobre los reclamos de los grupos terroristas y de reuniones entre ellos y los fiscales que culminaron en la presentación de una imputación completamente falsa que envenenó aún más el ambiente y habría de ocupar más tarde la mayor parte del juicio.

La falsedad absoluta de ese cargo está perfectamente documentada. Según el Acta acusatoria el FBI había descubierto quién era Gerardo y lo que hacía en Miami, por lo menos desde 1994, dos años antes del suceso, pero no lo arrestaron ni lo acusaron entonces cuando la ciudad era dominada por la histeria anticubana con manifestaciones llamando a la guerra y mientras en la Casa Blanca, según registra Clinton en sus Memorias, se le proponía al Presidente bombardear a Cuba. ¿Quién puede creer que no habrían actuado contra el “culpable” del incidente si lo hubieran tenido allí mismo en Miami controlado por el FBI? Tampoco lo acusaron cuando lo detuvieron casi tres años más tarde, el 12 de septiembre de 1998. La calumnia surgió solo después, en mayo de 1999, luego de lanzarla en los medios y convertirla en el tema predilecto de la Fiscalía y sus “periodistas”. Tan falaz y endeble era la imputación contra Gerardo que así lo reconoció la misma Fiscalía, como ya se dijo, en mayo de 2001, poco antes del veredicto. A esas alturas era ya demasiado tarde, pues el Jurado, víctima del terror, solo emitiría un fallo de culpabilidad. Gerardo fue condenado a morir en prisión por un supuesto delito que ya no era sostenido por los acusadores.

Pero, para colmo, lo castigaron por un “crimen” que no existió, algo que sabían desde el primer día las autoridades norteamericanas quienes han mentido y mienten procazmente sobre el acontecimiento y sus consecuencias. Para respaldar esta afirmación es preciso dar mi testimonio personal.

Manhattan fue testigo

Poco después de haber llegado a New York, en el verano de 1996, encontré a un amigo que era el conductor del principal noticiero de una de las cadenas nacionales de televisión. En aquellos días, era escasa la actividad diplomática en Naciones Unidas y a él le sorprendió encontrarme allí cuando la modorra estival parecía esquivar cualquier novedad.

Le conté que venía de Montreal donde el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional acababa de aprobar su informe sobre lo ocurrido el 24 de febrero de ese año. En los próximos días, el Consejo de Seguridad de la ONU lo discutiría en una reunión en la que me correspondería representar a Cuba.

Mi sorpresa fue mayor que la suya cuando le escuché decir que no reportaría esa reunión como tampoco lo harían las otras cadenas nacionales. “No diremos absolutamente nada”, me dijo, “aunque te pares en medio de la reunión y le arrojes un vaso de agua a la cabeza de Madeleine Albright”, refiriéndose a la dama que entonces era la embajadora norteamericana ante la ONU y que después sería Secretaria de Estado.

De todos modos me pidió organizar un encuentro al que invitaría a unos pocos especialistas de su empresa para examinar el tema, obviamente “off the record” puesto que para ellos era un terreno vedado. Lo hicimos en su oficina, desde cuyos ventanales podía verse el animado desplazamiento de personas y vehículos en la cercana Avenida Broadway.

Llevé el documento elaborado por los investigadores de la OACI y se los expliqué párrafo a párrafo. Las peripecias de la comisión encargada de esclarecer lo sucedido, su infructuosa búsqueda en EE.UU. de testigos y datos elementales que había forzado a postergar varias veces la discusión en el Consejo de la OACI hasta el último día, justo para concluir su sesión anual. Las dudas, objeciones y protestas de varios miembros del Consejo.

La naturaleza de las aeronaves empleadas en la provocación a las que los medios norteamericanos bautizaron para siempre como “avionetas civiles desarmadas” pese a que, en los manuales oficiales norteamericanos que les mostré, se precisa su uso como el avión O-2 en tareas paramilitares como las que desempeñó en la guerra de Vietnam. En el caso específico de las involucradas en el incidente habían participado en la guerra recién concluida en El Salvador y el Informe incluía fotos que mostraban todavía en algunos fuselajes la inscripción USAF (Fuerzas Aéreas de EE.UU.). Referí la larga lista de provocaciones anteriores, nuestras protestas oficiales y el intercambio de notas diplomáticas incluyendo aquellas en las que el Departamento de Estado pedía datos sobre las violaciones cometidas, agradecía su entrega y nos comunicaba que habían iniciado el proceso para retirarle su licencia de vuelo a José Basulto, el jefe del grupo y responsable de ataques con bombas contra Cuba desde los años 60.

Comenté también que habíamos hecho gestiones discretas a altos niveles de las que resultó la promesa de poner fin a las provocaciones.

La investigación de la OACI registraba el testimonio de funcionarios norteamericanos que señalaron estar advertidos de antemano de que algo iba a ocurrir y habían tomado medidas previamente para documentar el suceso. En paradoja incomprensible, sin embargo, solo entregaron a última hora las informaciones contradictorias de algunos de sus radares y comunicaron que otras habían sido destruidas sin explicación.

Se negaron a la solicitud que entonces les hiciera la OACI para acceder a las imágenes que del incidente habían tomado los satélites norteamericanos. Hacer imposible que nadie más pueda ver esas imágenes ha sido y es la terca posición de Washington todavía 16 años después del incidente.
Los únicos objetos de las avionetas destruidas fueron encontrados por Cuba dentro de su mar territorial a cuyas aguas solicitaron permiso para entrar los navíos norteamericanos después de su infructuosa búsqueda fuera de nuestros mares. A pesar de que, como lo sabe cualquiera, las corrientes marinas en esa zona los habrían alejado de nuestro espacio e impulsado hacia el norte.

El único testimonio “imparcial” que hallaron los investigadores fue el de un marino de origen noruego, pero radicado en Miami, capitán del crucero Majesty of the Seas que tiene su sede y opera desde esa ciudad y quien les fue presentado por las autoridades norteamericanas. Según este señor, había visto ocurrir el derribo en un punto de las aguas internacionales aunque muy próximo a Cuba. Alegó haber hecho algunas anotaciones en un pedazo de papel y solo las inscribió en su bitácora después de ser visitado por oficiales del Buró Federal de Investigaciones. Ningún otro tripulante, nadie más de quienes iban a bordo del crucero fue entrevistado. Datos curiosos: la empresa que opera ese barco es uno de los principales contribuyentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana y el capitán es un notorio militante “anticastrista”. Estos reveladores detalles no aparecen en el Informe de la OACI aunque sus redactores sí dejaron constancia de que no habían podido comprobar independientemente dónde estaba el Majesty of the Seas cuando ocurrió el incidente.

Fue un intercambio animado y respetuoso. Mis interlocutores, pese a ser periodistas especializados en cuestiones internacionales, manifestaron total desconocimiento del asunto, de su contexto y antecedentes y expresaron sincero interés por aprender, sin dejar de manifestar frecuentemente su asombro.

La conversación derivó hacia la Ley Helms-Burton que el Presidente Clinton había promulgado pocos meses antes. Todos los interlocutores lamentaron el agravamiento de las relaciones con Cuba y repitieron al unísono que lo más deplorable del asunto era que el incidente había puesto fin a los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por mejorar la situación y lo había forzado a aceptar un texto al que él y sus principales asesores se oponían.

El coro se interrumpió cuando les dije simplemente: “You are dead wrong” y les mostré otro documento al tiempo que les conté cómo llegó a mis manos.

Ocurrió también en Manhattan casi un año antes, en 1995. Estaba reunido, en absoluta privacidad, con una persona que ocupaba entonces un alto cargo en el Departamento de Estado y sigue perteneciendo hoy a ese organismo. Para la fecha ya el proyecto de Ley había recibido la aprobación de la Cámara de Representantes y se especulaba, entre los entendidos, si recibiría también el voto del Senado que dependería de la actitud que frente al texto tuviese la Casa Blanca, y la persona con quien charlaba a solas cerca del siempre apacible East River me preguntó cómo yo apreciaba la situación. Me embarqué en un análisis basado en la información a mi alcance hasta que me interrumpió: “You are dead wrong” y me entregó el documento que ahora les mostraba a periodistas especializados en problemas internacionales de una red de televisión que abarca toda Norteamérica y va más allá.
Se trata del texto de la Ley Helms-Burton y el intercambio electrónico entre la dirección del Departamento de Estado y los principales jefes del Consejo de Seguridad Nacional en el que estos últimos, de modo muy explícito, daban luz verde al engendro legislativo.

No fue esa la única vez que coloqué ante los ojos de algún periodista norteamericano un documento que prueba irrefutablemente que la Administración Clinton había aceptado la Ley Helms-Burton desde 1995, mucho antes del incidente de 1996, el cual sería utilizado después como falaz justificación para lo que ya había sido pactado con anticipación. Me he cansado de enseñarlo a quienes se supone tienen el oficio de informar. Ninguno lo convirtió en noticia. Nadie ha dicho nada jamás sobre su existencia. Tampoco lo hicieron los que participaron en aquel encuentro en el corazón de Manhattan. Se pasaron el documento, mano a mano, lo revisaron uno tras otro, mientras yo los miraba a la espera, inútilmente, de alguna reacción. El silencio fue total. Solo lo interrumpía el bullicio que llegaba del exterior.

Para concluir la reunión, el siempre recordado amigo dijo más o menos estas palabras: “¿Comprenden ahora por qué no podemos publicar nada sobre este tema?”.

Cuando me retiré, ya los letreros publicitarios de la gran avenida reemplazaban la claridad disipada del atardecer.

Un par de días después se celebró la reunión del Consejo de Seguridad, de la que salió la señora Albright seca y sin un solo rasguño. Ningún medio norteamericano publicó nada sobre esta discusión en la ONU.

Años más tarde, alejada ya ella de responsabilidades gubernamentales, en una entrevista televisiva la vi confesar que aquella reunión del Consejo de Seguridad había sido su experiencia diplomática más difícil. Como había sido totalmente silenciada por los grandes medios me temo que nadie entendió sus palabras.

El derribo de las avionetas fue utilizado como burda excusa para enrarecer aún más las relaciones entre los dos países. Resonaron entonces los tambores de la guerra y como alternativa se intensificó el bloqueo económico que fue, además, codificado con la Ley Helms-Burton, vergonzoso adefesio que el Presidente Clinton firmó en grotesca ceremonia en la que abdicó prerrogativas presidenciales, gesto sin memoria en las crónicas de la Casa Blanca.

El incidente, además, ilustra como pocos el papel no solo desinformativo sino también embrutecedor de las grandes corporaciones mediáticas. Gracias a una censura que es tan eficaz como insidiosa, pues se ejerce sobre un pueblo al que se le hace creer, cínicamente, que está más informado que nadie, multiplicando incesantemente la mentira y castrando el espíritu crítico al reducir la capacidad de análisis con la constante repetición de fórmulas y consignas a la usanza de la publicidad comercial, esas corporaciones imponen una verdadera dictadura de alcance global, pero que convierte al pueblo norteamericano en su primera y principal víctima.

Se ha hecho pensar a muchos que el 24 de febrero de 1996 —cuando Cuba atravesaba la peor crisis económica de todos los tiempos y no contaba con el apoyo de ningún otro estado— el gobierno cubano había decidido provocar la guerra con EE.UU., atacando aviones norteamericanos en aguas internacionales. La irracionalidad de semejante teoría salta a la vista. Cuba no habría tenido nada que ganar y sí muchísimo que perder con una conducta que hubiera sido un absurdo suicidio colectivo.

¿Cómo explicar tal actitud en un país que nunca, en toda su historia, ha sido agresor de nadie?
Los antecedentes están perfectamente documentados aunque totalmente silenciados. Antes de febrero de 1996, el grupúsculo terrorista autodenominado Hermanos al Rescate había realizado decenas de incursiones al territorio nacional, todas y cada una de ellas protestadas por Cuba ante el Departamento de Estado y denunciadas públicamente.

El suceso del 24 de febrero de 1996 fue precedido de reiteradas advertencias de La Habana por canales diplomáticos y otras vías privadas, pero también abiertamente ante los medios de comunicación social. El jefe del grupo provocador había hecho también repetidas declaraciones públicas, desafiando las leyes norteamericanas, anunciando la continuación de sus vuelos y alardeando de que seguiría haciéndolo porque Cuba estaba supuestamente en una situación tan crítica que no podía defenderse.
En cualquier caso, la acusación contra Gerardo es también un insulto a la inteligencia y al sentido común. Hace mucho tiempo que existen los radares que son los instrumentos que todos los estados emplean para detectar los movimientos de los aviones. Los datos sobre todos los vuelos entre Miami y La Habana, incluido el del 24 de febrero de 1996, los recibieron las autoridades cubanas de los controladores de vuelo del país vecino desde que las aeronaves despegaron. Para recibir esas informaciones, en tiempo real, no se requería de los servicios de nadie más. Que ese día ocurriría un vuelo lo había anunciado Basulto mucho antes en provocadoras y estridentes declaraciones que disfrutaron amplia difusión.

Toda la discusión técnica acerca del lugar exacto donde ocurrió el lamentable suceso debería resultar muy esclarecedora para cualquier persona con capacidad de razonar. Estamos hablando de distancias aéreas que se miden en segundos de diferencia. El gobierno de Washington reconoció que la aeronave que conducía Basulto había penetrado el territorio cubano y por eso le retiró la licencia de piloto. En cuanto a las dos avionetas derribadas que siempre acompañaron e iban próximas a la de Basulto, Washington alega que estaban fuera de nuestro territorio, aunque muy cerca de él, cuando fueron interceptadas. Según el informe de la OACI, sin embargo, desde que llegaron frente a la capital las tres volaron juntas en línea recta rumbo sur hasta que se produjo la interrupción del vuelo. Tómese en cuenta que, en cualquier caso, incluso en la versión norteamericana, en unos pocos minutos habrían atravesado la ciudad de La Habana y cruzado la Isla hasta la costa sur.

Se podrá discutir eternamente la ubicación precisa del lugar donde se produjo el hecho, pero nadie cuestiona que ocurrió muy cerca de la Isla de Cuba y de la zona de mayor concentración urbana, el centro de la ciudad de La Habana. La acción de los cazas cubanos tuvo un carácter eminentemente defensivo, no se realizó dentro del mar territorial norteamericano, ni cerca de él, ni siquiera dentro del ancho espacio internacional que separa ambas fronteras marítimas. Toda la discusión técnica giró acerca de la distancia del hecho y la línea fronteriza cubana, distancia que en términos de velocidad aérea se mide en segundos, pero nadie cuestiona que ocurrió en un punto muy próximo a lugares por los que, en ese instante, un pueblo inerme se movía libre y confiado, ajeno por completo al peligro.
Aquella tarde de sábado frente al litoral habanero se realizaba una competencia deportiva acuática y a lo largo del Malecón se hacían los preparativos para el último desfile del carnaval, mientras miles de habaneros se desplazaban hacia el estadio de béisbol para asistir a un juego decisivo entre el equipo insignia de la capital y uno de sus principales rivales, mientras que muchos otros, en la Universidad y junto al Malecón celebrábamos el cuadragésimo aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario.

¿Cuál habría sido la respuesta norteamericana si una provocación parecida se hubiera producido cerca de la desembocadura del río Hudson frente a la isla de Manhattan?

En cuanto a la patraña sobre el carácter “civil” de las avionetas, pese a que así las bautice con machacona insistencia la propaganda yanqui, lo que define su carácter no es la supuesta naturaleza intrínseca de las aeronaves sino su uso, tal como prescriben los protocolos de la OACI. Los aviones empleados en las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 eran aparatos comerciales que transportaban pasajeros pero a nadie se le ocurriría decir que su vuelo tenía un carácter civil.   

Chomsky empleó el calificativo de “disciplinados” para describir a los grandes medios de comunicación norteamericanos. Su relación con las autoridades y con los dueños de los principales resortes de la economía —los grandes propietarios que según los redactores de la Constitución debían ser quienes gobernasen el país y así lo han hecho desde la independencia de las Trece Colonias— es muy específica y peculiar. No opera con los resortes comunes a las dictaduras tradicionales como las que sufrieron en muchas ocasiones los países latinoamericanos. Allá no instalan censores en las salas de redacción para dictaminar sobre lo que puede o no publicarse. El sistema es más sutil y resulta más eficaz.

Se basa en un dato fundamental de la realidad contemporánea. Los diarios y revistas principales, al igual que la radio y la televisión, no son, como antaño, vehículos independientes para la diseminación de informaciones y opiniones. Quienes los poseen integran poderosos conglomerados que controlan otras actividades de la llamada industria cultural y del entretenimiento, y están estrechamente asociados, a su vez, con otras ramas de la economía. Los dueños de los medios de información, en otras palabras, son inseparables de los grupos monopólicos que en EE.UU. ejercen el verdadero poder. Nadie tiene que obligarles a mentir o a ocultar la verdad si eso es lo que conviene a intereses que también son suyos. Lo saben los directores de esos medios y los periodistas bien informados. Basta una llamada telefónica para recibir la “guía informativa” que allá todos conocen lo que significa.

Ese es, en el fondo, el obstáculo principal que encaran los Cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en EE.UU.

Gerardo lo dijo hace ya bastante tiempo. Solo “un jurado de millones” les hará justicia.
¿Cómo formar ese jurado? ¿Qué hacer para que la verdad llegue a millones de personas que no la conocen porque dependen de los grandes medios para saber qué pasa en el mundo que los rodea? ¿Cómo hacerlo si esos medios se empeñan precisamente en ocultarla?

Para ello se requiere multiplicar los esfuerzos que se llevan a cabo en todo el mundo, para que alcancen niveles superiores, en amplitud y eficacia, hasta transformarse en una fuerza social real capaz por sí misma, sin contar con los dueños de la información, de movilizar a la opinión pública en los EE.UU. y obligar a su Presidente a hacer lo que debe y puede hacer: poner en libertad inmediatamente y de modo incondicional a los Cinco, a todos y cada uno de ellos, sin excepción alguna.

Esa es una facultad que la Constitución otorga, de manera exclusiva y sin limitación de ningún tipo al Presidente de los EE.UU. Para Barack Obama no debería ser difícil si se basa en lo que en esta materia ha heredado su Administración.

Contra los Cinco se formularon dos Cargos importantes: el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) y el Cargo Tres (conspiración para cometer asesinato). Los fundamentos de ambos habían sido demolidos por un tribunal superior o por la propia Fiscalía antes que Obama fuera electo Presidente.

La Corte de Apelaciones ya determinó por unanimidad que las sentencias relacionadas con el supuesto espionaje eran ilegales y las anuló.

La Fiscalía de George W. Bush admitió su fracaso respecto al Cargo Tres y pidió retirarlo en una acción excepcional (Emergency Petition for Writ of Prohibition).

Sin embargo, el arbitrario castigo discurre ya por su décimoquinto año. Mientras ellos cumplían su injusto encierro, otros individuos fueron sancionados en EE.UU. por espionaje real o incluso por la comisión de actos terroristas y salieron en libertad porque les fueron impuestas sentencias incomparablemente menores. Desde luego, ninguna de esas personas eran patriotas cubanos juzgados en Miami.

La cruel injusticia contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René es, por encima de todo, un mensaje muy claro para todo el pueblo de Cuba. Ellos fueron condenados por combatir el terrorismo que ha sido promovido por sucesivas administraciones norteamericanas y que ha causado muerte y dolor a varias generaciones cubanas a lo largo de más de  medio siglo. La perpetuación del castigo contra ellos significa que esa política criminal sigue vigente y continúa como una grave amenaza sobre los cubanos y las cubanas de hoy y de mañana. No es razonable imaginar una mejor relación entre ambos países mientras esta situación persista. Obama sabe que mejorar las relaciones con Cuba es un factor importante para una vinculación constructiva y respetuosa con los países de América Latina y el Caribe, algo que él ha declarado como uno de los objetivos de su gobierno.

Para convencer al Presidente es necesario que el caso de los Cinco sea verdaderamente una causa que interese y motive a millones de norteamericanos que desgraciadamente, hay que reconocerlo, poco o nada conocen al respecto, porque se les ha prohibido acceder a ella. Es grande la tarea para quienes se empeñan en liberarlos.

El líder histórico de la Revolución cubana, el compañero Fidel Castro, en discurso memorable proclamó: “Solo les digo una cosa: Volverán”. Pero no se trata de esperar a que vuelvan. Se trata de hacerlos volver, usando los instrumentos al alcance de cada cual, desde las acciones solidarias en las calles, hasta el rezo, la poesía y la canción. Que cada cual se plantee con toda sinceridad la pregunta que se hacen los niños de La Colmenita en la hermosa obra Abracadabra: “¿Y ahora qué más podemos hacer?”

Es un desafío que reclama voluntad de acero y requiere también creatividad en el uso de todas las vías alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación para derribar el muro de silencio que levantan los monopolios mediáticos.
Solo así podrá constituirse ese jurado de millones. Es una pelea difícil pero que puede culminar con la victoria. “Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” (San Lucas 12, 2.3).    

Bibliografía

• U.S. District Court for the Southern District of Florida. United States vs. Gerardo Hernández et al.
• Transcript of Trial before the Honorable Joan A. Lenard.
• Transcript of Sentencing Hearings before the Honorable Joan A. Lenard.
• U.S. Government Emergency Petition for Writ of Prohibition before the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, May 30, 2001
• United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit No. 01-17176, 0311087, August 9, 2005
• Martin Garbus: Declaración Jurada, 17 de agosto de 2012.
• Martin Garbus: Memorándum de Respuesta a nombre de Gerardo  Hernández solicitando que se anulen su condena y sentencia o, en su defecto, se haga cumplir la acción exhibitoria y se le conceda una audiencia oral, 31 de agosto de 2012.

Estos dos últimos documentos, suscritos por Garbus y sus anexos con copiosa información son parte de la petición de Habeas Corpus y están registrados ante la Corte del Distrito Sur de la Florida (Case No. 1. 10-CV-21957- JAL Criminal Case No. 98-721- Cr. Lenard)

El Gobierno de EE.UU. ha solicitado eliminarlos, hacerlos desaparecer (Motion to Strike).

 

1. En la fecha de publicación de este trabajo (mayo de 2013) ya rené González se encuentra de regreso de manera permanente en Cuba, luego de cumplir con el trámite de renunciar a la ciudadanía estadounidense. (N.E)

Ensayo presentado al concurso internacional Pensar a Contracorriente, y que recibió Mención del Jurado, durante la 22 Feria Internacional del Libro de La Habana.

 

Tomado de La Jiribilla, con imagen del Periódico Trabajadores

 

Gobierno de EEUU pagó a periodistas de Miami para influir en el jurado en caso de Los Cinco: los medios callan

Por José Manzaneda*

 
Uno de los grandes temas internacionales silenciados por los medios es el caso de los cinco cubanos condenados en EEUU a largas penas de cárcel, acusados de delitos como el de “conspiración para el espionaje” (1).

Las campañas internacionales por la libertad de estos cinco hombres son apoyadas por conocidas figuras públicas, entre ellas 10 premios Nobel, artistas de cine como Danny Glover, Martin Sheen o Susan Sarandon, y organizaciones como Amnistía Internacional (2). Pero ni siquiera este reclamo ha servido para que el caso llegue a los medios.

Tal como sostienen miles de activistas internacionales, los cinco cubanos jamás realizaron actos de espionaje ni atentaron contra la seguridad de EEUU, algo confirmado en su juicio incluso por militares norteamericanos. Estuvieron infiltrados, eso sí, en organizaciones terroristas de Miami, con el fin de informar sobre la preparación de atentados en Cuba. Las pruebas que obtuvieron sobre la actividad violenta de estos grupos fueron entregadas al FBI que, increíblemente, en vez de actuar contra dichas organizaciones asentadas en su territorio, procedió a la detención de Los Cinco en 1998.

El papel de los medios ha sido clave en este caso. A nivel internacional, la tónica general ha sido el silencio. También en EEUU: un estudio de Jeffrey Huling, de la Universidad Sonoma State de California, reflejaba ya en 2008 que los grandes medios de cobertura nacional habían ignorado completamente el caso, y las escasas coberturas de algunos como CBS, CNN, The New York Times o el The Washington Post habían respaldado sin matices la versión del Gobierno de EEUU, presentando a Los Cinco como peligrosos espías cubanos (3).

En Miami, los medios jugaron un papel mucho más activo, sobre todo durante el juicio a Los Cinco, celebrado entre los años 2000 y 2001. Con un importante elemento añadido, al que –curiosamente- los medios internacionales no han prestado la menor atención: el Gobierno de EEUU pagó en secreto importantes cantidades de dinero a 84 periodistas de dicha ciudad, para que publicaran noticias y artículos e intervinieran en tertulias de radio y televisión, con el objetivo de difamar a Los Cinco e influir sobre el jurado que, finalmente, les condenó (4). Algo, por cierto, que viola las leyes federales que prohíben la propaganda encubierta dentro del territorio de EEUU.

El Gobierno pagó a dichos periodistas a través de Radio y Televisión Martí, medios de propaganda integrados en la llamada Oficina de Transmisiones hacia Cuba y dependientes del presupuesto federal. Muchos de estos periodistas cobraban del Gobierno sin conocimiento de la dirección de los medios de prensa de Miami para los que trabajaban, y en los que insertaban finalmente sus materiales de encargo.

El Gobierno de EEUU consiguió así que durante el juicio dichos periodistas centraran todo su esfuerzo en la demonización de Los Cinco. En los 194 días que duró el juicio, solo en dos diarios, The Miami Herald y El Nuevo Herald, aparecieron 1111 materiales, más de 5 por día (5).

En ellos, Los Cinco eran presentados como espías enviados para atentar contra la seguridad nacional de EEUU, o como asesinos a sueldo del Gobierno cubano. Todo ello acompañado de otros artículos y reportajes sobre la supuesta venta por parte del Gobierno cubano de servicios de inteligencia a grupos terroristas islámicos (6), o sobre el uso de drogas alucinógenas en sus actividades de espionaje (7).

Los pagos gubernamentales a profesionales de medios privados de Miami fueron revelado en 2006 por el periodista Oscar Corral, que sufrió a partir de entonces una campaña de amenazas y debió trasladar a su familia a un lugar más seguro (8). Y en la web titulada “Reporters for Hire” (reporteros de alquiler), están publicadas hasta 2.200 páginas de contratos y documentos de pago del Gobierno de EEUU a dichos periodistas (9).

Pero, a pesar de tener tan a mano las pruebas de este verdadero escándalo político, los grandes medios internacionales prefieren seguir guardando silencio sobre el caso de Los Cinco (10).
 
Notas:


(1) http://www.ecured.cu/index.php/Los_Cinco_H%C3%A9roes
(2) http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article26881
(3) http://elmercuriodigital.es/content/view/6021/134/
(4) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=151630
(5) http://www.aporrea.org/internacionales/a90690.html
(6) http://www.pslweb.org/reporters-for-hire/spanish/analysis/govt-funded-propaganda-part-1.html
(7) http://www.latinamericanstudies.org/espionage/dgi-lsd.htm
(8) http://progreso-semanal.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=62
(9) http://www.pslweb.org/reporters-for-hire/spanish/documents-released/
(10) http://www.cubadebate.cu/opinion/2008/01/03/la-cobertura-de-los-medios-ignora-o-demoniza-el-caso-de-los-cinco-en-eeuu/

* Periodista español, Coordinador de Cubainformación.

Tomado de Proyecto HERMES Servicio de InfoCom Auto-HERMES; Boletín número 2083
Imagen agregada RCBáez

Vea además “De manipulación, periodistas y otros demonios”

Video en Youtube

Los Cinco de Cuba y las verdades ocultas

Por Salvador Capote


 
El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo Hernández Nordelo –uno de los Cinco- , con el fin de obtener la orden pertinente para que el gobierno entregue documentos que obran en su poder y que se negó a divulgar durante el proceso judicial.

La moción forma parte de la apelación colateral iniciada en junio de 2010, basada en el derecho que tienen sus defendidos de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el gobierno para asegurar que fuesen declarados culpables.

Involucrados en la cobertura incendiaria pagada por el gobierno antes, durante y después del juicio contra los Cinco, se encuentran 84 periodistas, locutores y comentaristas de varios órganos de la prensa escrita, siete canales de televisión y 13 estaciones de radio. (1)

En enero de 2009, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, basándose en la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act, FOIA”) solicitó al Buró de Gobernadores de Transmisiones (“Broadcasting Board of Governors, BBG”), agencia oficial de propaganda del gobierno,  y a su Oficina de Transmisiones a Cuba (“Office of Cuba Broadcasting, OCB”) información sobre los pagos realizados  a periodistas de Miami creadores de una atmósfera envenenada que impidió  la realización de un juicio justo en esta ciudad. (2)

Varios meses más tarde, la OCB entregó muy limitada información preliminar sobre pagos realizados a algunos de estos periodistas. Desde entonces, la agencia se ha negado a liberar toda la información que posee sobre los contratos suscritos con la prensa de Miami, en particular los anteriores a 1999, de vital importancia para la defensa de Gerardo.

No obstante, el esfuerzo realizado durante varios años por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, y la Sociedad para la Fundación de la Justicia Civil, logró poner al descubierto una cantidad impresionante de materiales probatorios de esta operación gubernamental. El periódico “Liberation” ha publicado hasta ahora más de 2,200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y Radio-TV Martí (3). Aunque estos documentos constituyen sólo una parte minúscula de los que la OCB se niega a liberar, constituyen prueba suficiente de que el gobierno que juzgó a los Cinco pagaba al mismo tiempo a los periodistas que creaban la atmósfera que hacía inevitable la condena.

Recordemos que las leyes estadounidenses prohíben claramente la utilización de fondos federales para financiar la propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos.

Los pagos secretos, realizados principalmente a través de Radio y TV Martí, a periodistas supuestamente independientes, no sólo son contrarios a la ética de los comunicadores sino que violan flagrantemente la ley y revelan que la condena a los Cinco fue determinada por razones políticas.

En el período que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001 -que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por el jurado- el Nuevo Herald publicó 806 artículos, y “The Miami Herald” 305, que podían influir negativamente en el proceso judicial (4). Esta sobresaturación de la prensa creando un clima hostil contra los Cinco debería bastar para que el sistema judicial de Estados Unidos declarase nulo un juicio que nunca debió realizarse en Miami.

FOIA es una ley federal que permite solicitar información al gobierno acerca de sus acciones. El gobierno está obligado a entregar toda la información requerida siempre que no esté clasificada o, por ley, exenta de divulgación. Está en vigor desde 1967 pero ha sufrido modificaciones a través de los años, sobre todo a partir de 1982. Con la escalada de guerras de agresión, operaciones encubiertas, programas de entrenamiento en técnicas represivas (Escuela de las Américas), apoyo a dictadores latinoamericanos, golpes de estado, asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisiones clandestinas, torturas de prisioneros etc., la necesidad de sucesivas administraciones norteamericanas de mantener secretas sus acciones dieron por resultado varias enmiendas y órdenes ejecutivas que mellaron casi completamente el filo de esta ley, incluyendo la Orden Ejecutiva de 2009 del presidente Obama, aberración jurídica que permite reclasificar retroactivamente  documentos que estén ya en trámite de entrega.

Numerosas operaciones encubiertas y los documentos relacionados con ellas permanecen total o parcialmente en secreto. Mencionaré entre las principales el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente como los de Guatemala e Irán en la década de los 50, el financiamiento de partidos políticos pro-USA en Europa, la invasión a Cuba por Playa Girón en 1961, el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973, las operaciones militares secretas en Vietnam, Cambodia y Laos -financiadas con el tráfico de heroína-  y la guerra sucia contra Nicaragua en los 80.

Mantener a toda costa el secreto de sus acciones tomó carácter obsesivo en las administraciones republicanas.  Al término del mandato del presidente Ronald Reagan permanecían clasificados cerca de 7 millones de documentos. Pero el delirio del secretismo alcanzó su clímax con George W. Bush. Sólo en 2004, su administración clasificó 15.6 millones de documentos a un costo de 7.2 billones de dólares. Inventó, además, nuevas categorías de clasificación y mediante una orden ejecutiva selló todos los archivos presidenciales a partir de 1980. (5)

Durante la administración Bush-Cheney la tasa de clasificación de documentos aumentó en un 75 %. En 2005, por cada $1 gastado en desclasificar viejos secretos, las agencias federales gastaron $148 creando y almacenando otros nuevos (6). Por otra parte, una directiva interna del Fiscal General John Ashcroft de 12 de octubre de 2001 convirtió las solicitudes al FOIA en procesos extremadamente lentos, difíciles y costosos.

El secretismo ha servido para manipular a la opinión pública, impedir el análisis crítico tanto de la política interna como exterior del país y ocultar los errores y actos ilegales de los funcionarios del gobierno. También  se ha utilizado con frecuencia contra opositores domésticos. Si mucho tienen que clasificar es porque tienen mucho que ocultar. No son extraños, por tanto, los obstáculos impuestos por la OCB a las solicitudes de información del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco.

Pero el ocultamiento de evidencias que atañen al juicio contra los cinco patriotas cubanos abarca mucho más que documentos escritos. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó en 1996 al gobierno de Estados Unidos que mostrase las imágenes satelitales que posee y que demostrarían que las avionetas de Hermanos al Rescate violaban la soberanía de Cuba y que fueron derribadas en el espacio aéreo cubano. La solicitud fue rechazada. Tanto en el juicio como en los dieciséis años transcurridos, el gobierno de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a mostrar las imágenes del satélite, ocultando de este modo una prueba decisiva que anularía los cargos y las sentencias  impuestas a Gerardo y  a sus compañeros (7).

El gobierno de Estados Unidos no permitió, además, la presentación por la defensa de los numerosos testigos y abundantes pruebas de las acciones terroristas realizadas contra Cuba.

Esta información era crucial para la defensa porque evidenciaba que el objetivo de los Cinco no era otro que el de monitorear a las organizaciones mafiosas de Miami con el fin de impedir acciones hostiles contra su patria.

El secretismo culpable se completa con el muro de silencio mediático en torno a los Cinco. Durante el juicio, y en los meses anteriores y posteriores a éste, la histeria de los medios de Miami, alimentada con fondos federales, logró crear lo que en Estados Unidos llaman un “jurado de linchamiento”, mientras el resto del país ignoraba completamente lo que sucedía en esta ciudad. Consumado el crimen, una férrea censura impide que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Pero somos ya millones en el mundo los que tenemos como cuestión de honor y de principios el mantener contra la infamia una denuncia universal y permanente.

Notas

(1)     Prensa Latina, 13 de junio de 2010.
(2)     Gloria la Riva, National Press Club, Washington, DC., June 2, 2010.
(3)     El BBG –agencia gubernamental-  y su “Office of Cuba Broadcasting, OCB”, operan Radio y TV Martí.
(4)     Salvador Capote: “Los Cinco y la propaganda encubierta”, Cubadebate, 2 de diciembre de 2009.
(5)     J. R. Norton: “Saving General Washington”, Penguin, N.Y., 2006, pp. 71-72.
(6)     Mark Green: “Losing Our Democracy”, Sourcebooks Inc., 2006, p. 265.
(7)     Ricardo Alarcón: “La verdad secuestrada”, Cubadebate, 20 de julio de 2011.

Sugerencia; vea además:

El recurso de hábeas corpus de Gerardo Hernández, uno de los 5 Héroes cubanos

¿Por qué derribó Cuba dos aviones norteamericanos de Hermanos al Rescate?

Prensa internacional y Los Cinco: Del silencio a la tergiversación

Por István Ojeda Bello

Si de atentados contra la verdad se trata, ya no se sabe que es peor: si cuando por espurios intereses la esconden olímpicamente o cuando la tuercen descaradamente. Así ha estado ocurriendo permanentemente con el caso de cinco cubanos que desde 1998 fueron encarcelados en los Estados Unidos por supuesta conspiración para espiar y, uno de ellos, por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Durante el juicio solo pudo probarse el ser agentes extranjeros no registrados en EE.UU, a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, no obstante se les condenó a extensas penas de cárcel. Mientras, salvo el puñado de periódicos, televisoras y radios anticubanos del sur de la Florida,  pocos medios de influencia global cubrían el caso.

Sin embargo a pesar de que en la red existen abundante información sobre el caso todavía la tergiversación por parte de cierta prensa le está haciendo mucho daño  a la causa de Los Cinco de Miami.  Así ocurrió en diciembre cuando el diario Información en Alicante, España que publicó la siguiente nota: “El castillo de Santa Bárbara amaneció ayer con una pancarta colgada en una de sus murallas en las que se mostraba el apoyo que la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández da a los presos del régimen cubano. 

En la lona desplegada, los responsables pedían la puesta en libertad de todos los encarcelados por el gobierno de los Castro”.[1]

En este punto el lector se tragaría la manzana envenenada de una ilusoria “solidaridad” con los agentes cubanos al servicio de la Sección de Intereses de EE.UU en La Habana, a quienes se le ha endilgado el ropaje de “prisioneros de conciencia.

Pero sucede que el cartel al cual hacía referencia el rotativo alicantino efectivamente hecho por la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández decía textualmente “Libertad para los Cinco”, acompañándose por el logotipo identificativo de la campaña llevaba adelante por los Comité Pro liberación de  Los Cinco. Más de un mes después la noticia siguen en la red, aunque al parecer atendieron la alerta de Pascual Serrano y rectificaron la última parte diciendo ahora que en la pancarta “los responsables pedían la puesta en libertad de cinco presos cubanos detenidos en EEUU acusados de espionaje”.

En ese mismo mes de diciembre se produjo otra tergiversación un poco más compleja pero igual del pérfida del caso de Los Cinco, esta vez relacionada con la apelación presentada por los  abogados de Gerardo Hernández quienes solicitaron a la jueza de primera instancia la aplicación de un habeas corpus.

En una particularísima interpretación del texto EL Nuevo Herald, afirmó que los letrados habían contradicho los argumentos del gobierno cubano en cuanto a que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate se produjo en espacio aéreo cubano.

Días más tarde el equipo de defensores de Gerardo se vio precisado a aclarar que los argumentos de su apelación se dirigían al hecho de que el primer abogado de luchador cubano había enfatizado más en el tema del sitio exacto del derribo de las aeronaves cuando debió concentrase en que el hecho en cuestión fue el resultado de una acción soberana de La Habana, sobre la cual Gerardo no tenía influencia alguna.

Estos dos sucesos ilustran a las claras que, tratándose no ya de Cuba, cuya realidad es objeto de un sinnúmero de retruécanos, sino de la historia en  cuyo centro han estado cinco personas que fueron a los Estados Unidos a prevenir acciones terroristas contra su país, para ellos, cierta prensa les reserva algo peor que el silencio: la alteración burda de los hechos concretos y de cualquier acción solidaria.

NOTAS

[1] Pascual Serrano 08-01-2011 Perlas informativas del mes de diciembre 2010. En Rebelión

Tomado de Cubaizquierda

El recurso de hábeas corpus de Gerardo Hernández, uno de los 5 Héroes cubanos

No existe la menor prueba de que Hernández supiese de antemano que la Fuerza Aérea de Cuba iba a derribar las avionetas de Hermanos al Rescate: las conjeturas del juicio fueron “trágica y totalmente falsas”

Machetera
Traducido por  Manuel Talens  -  Manuel Cedeño Berrueta

“Gerardo Hernández nunca gozó del derecho a un juicio justo, ni por parte de los fiscales ni de su propia defensa”

Leonard Weinglass

Los abogados de Gerardo Hernández, un ciudadano cubano que está cumpliendo dos condenas a perpetuidad más 15 años en el ala de máxima seguridad del Penal Federal de Victorville, en California, han presentado su apelación final ante la justicia usamericana. Las pruebas en apoyo de su derecho a un nuevo juicio son abrumadoras.

Gerardo Hernández

En un caso de características similares al de los agentes rusos –acaecido durante el verano de 2010 en Nueva York, New Jersey y Massachusetts–, el FBI detuvo en 1998 a Hernández en Miami junto con otros nueve cubanos, todos ellos acusados de no haberse inscrito ante el gobierno de EEUU como agentes de un gobierno extranjero y de conspiración para cometer espionaje. Pero contrariamente a lo que sucedería en 2010 con los rusos, que fueron deportados de inmediato y sin juicio alguno, cinco de los cubanos detenidos se declararon culpables y, en recompensa, se les impusieron condenas reducidas y obtuvieron el permiso de residencia y trabajo (green card), mientras que los otros cinco, entre ellos Gerardo Hernández, pasaron casi año y medio presos e incomunicados a la espera de la fecha del juicio. Las autoridades federales decretaron el secreto del sumario por razones de seguridad nacional. Una de las alegaciones en que se basa el actual recurso de hábeas corpus es la manipulación de las pruebas por parte del gobierno de EEUU.

 

Durante los años noventa, conforme los cubanos derechistas de Miami contemplaban gozosos la caída de la Unión Soviética –que era el principal patrocinador de Cuba–, sus provocaciones contra la Isla empezaron a incrementarse con el mismo objetivo. Pequeños botes y avionetas provenientes de Miami empezaron a adentrarse una y otra vez en el espacio aéreo y marítimo cubano, disparando a hoteles de la playa y lanzando objetos desde el cielo, mientras que al mismo tiempo se contrataban mercenarios para plantar bombas e introducir armas en el país, todo ello con trágicos y mortíferos resultados. La Habana envió entonces agentes cubanos a Miami para que obtuviesen información y frustrasen aquellas acciones, que el gobierno de la isla consideraba comprensiblemente como ataques terroristas.

 

El líder de aquellos agentes era Gerardo Hernández.

 

Conforme se acercaba la fecha del juicio de los “5 Cubanos” (así se los conoce en EEUU), sorpresivamente, el año 2000 se añadió una nueva acusación a las dos que pesaban contra Hernández, la de “conspiración para cometer asesinato al apoyar y poner en práctica un plan destinado a derribar aviones civiles usamericanos fuera de los espacios aéreos de Cuba y EEUU”.

 

Casi cinco años antes del juicio, el 24 de febrero de 1996, dos avionetas pertenecientes a uno de los grupos paramilitares de Miami, conocido como Hermanos al Rescate, habían sido derribadas por aviones de combate cubanos mientras se dirigían a Cuba, en el espacio aéreo restringido que ya habían violado muchas veces antes. Hermanos al Rescate estaba dirigido por José Basulto, uno de los veteranos de la brigada de mercenarios que la CIA organizó para atacar Playa Girón, quien en 1962 había iniciado la práctica de atacar instalaciones hoteleras en las playas cubanas desde barcos situados cerca de la costa al disparar a un hotel de Miramar con un cañón de 20 mm instalado en una lancha rápida.

 

En el derribo murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos usamericanos y la cuarta un cubano con permiso de residencia. Una tercera avioneta escapó aquel día en la que iban Basulto y sus tres pasajeros. El argumento utilizado por EEUU fue que Gerardo Hernández estaba al corriente de un plan del gobierno cubano para derribar los aviones; que el plan era ilegal porque Cuba tenía la intención de derribarlo en el espacio aéreo internacional –no en el cubano– y que él, Hernández, estuvo de acuerdo en colaborar con el plan.

 

Al cabo de siete meses de un juicio marcado por una histeria mediática poco habitual incluso para los estándares de Miami, los cinco fueron condenados por todos los cargos que pesaban contra ellos.

El proceso inicial de apelaciones

Hernández y sus compatriotas recurrieron las sentencias. En 2005, un tribunal colegiado de apelación de tres jueces revocó todas las condenas por unanimidad debido al prejuicio existente contra ellos en la comunidad de Miami y a la incapacidad del tribunal para trasladar el juicio lejos de ese estado.

 

La jueza Phyllis A. Kravitch, de la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito

El gobierno solicitó la revisión de dicha decisión ante la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito en pleno, compuesta por once jueces. A pesar de que la revocatoria de las condenas había sido una decisión tomada por unanimidad, el Tribunal en Pleno revocó esa decisión, restableció las condenas y remitió los puntos restantes, salvo el cambio jurisdicción fuera de Miami, a un tribunal colegiado, compuesto por los jueces Birch, Pryor y Kravitch, el cual ratificó las condenas en una decisión que contó con dos votos favorables y uno en contra, si bien ordenó que tres de los acusados fuesen sentenciados de nuevo.

 

La sentencia de dos cadenas perpetuas más 15 años contra Gerardo Hernández fue ratificada, pero la jueza Kravitch expuso sin ambages los argumentos de su voto en contra. En cuanto al juez Birch, al referirse de forma explícita a la sentencia de Hernández, comentó que se trataba de “un caso muy dudoso”.

 

Leonard Weinglass, uno de los abogados que intervinieron en la apelación de Gerardo Hernández, piensa que la gente debería leer la explicación del voto en contra de Kravitch, una veterana y respetada jueza de la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito, que argumentó con elocuencia en contra de la condena y especificó que Hernández no debería haber sido condenado porque no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir con los aviones aquel día y que Cuba tenía derecho a defenderse. “Esto lo dijo la jueza, no nos lo hemos inventado nosotros”, afirmó Weinglass.

 

Weinglass llama asimismo la atención sobre el lenguaje utilizado por Birch: “Es de señalar”, señala, “que no dijo que era un caso dudoso, sino muy dudoso”. Pryor, que es uno de los jueces más conservadores del país, fue el único que no manifestó la menor vacilación ante la condena de Hernández.

Recurso de hábeas corpus

El recurso de hábeas corpus sólo puede presentarse una vez que se hayan agotado todas las apelaciones, lo cual ya ha tenido lugar, pues tras la reconsideración de Birch, Pryor y Kravitch, el caso de los 5 Cubanos siguió su curso legal hasta la Corte Suprema, que en junio de 2009 rehusó conocerla.

 

Con todos sus apéndices, este recurso de hábeas corpus que el actual equipo legal de Gerardo Hernández acaba de presentar suma ya centenares de páginas. Se centra detenidamente en los errores cometidos por Paul McKenna, el defensor público que se le asignó al agente cubano; errores que, junto con las infracciones cometidas por el fiscal, dieron lugar a que Hernández se viese privado de su derecho constitucional a un juicio justo. También presenta nuevas pruebas que se han dado a conocer desde el juicio inicial, que Weinglass califica de “pruebas de una dimensión constitucional”.

 

Tres actores interpretan una comedia anticubana en TV Martí, la televisora de Miami financiada por EEUU (Foto: Alan Díaz, Associated Press)

Buena parte de esas pruebas aluden a que en el año 2006 se descubrió que muchos de los periodistas que en 2000/2001 escribieron reportajes incendiarios sobre el juicio estaban al mismo tiempo en la nómina del gobierno usamericano y trabajaban para Radio Martí y TV Martí, emisoras de propaganda anticubana operadas por el gobierno de EEUU. Las dificultades que fue necesario sortear para obtener información sobre los periodistas implicados en la manipulación mediática de la comunidad anticubana de Miami durante el juicio es otra historia, interesante por sí sola.

 

Algunas de las nuevas pruebas también proceden de la información confidencial que el gobierno ocultó indebidamente para facilitar su posición mientras que, al mismo tiempo, le negaba a Hernández la oportunidad de defenderse. El recurso muestra de qué manera los derechos del cubano a un juici justo fueron violados cuando el gobierno excluyó a Hernández y a su abogado McKenna de una audiencia privada con una sola de las partes, en la que se revisaron, entre otros documentos, los mensajes (interceptados) de alta frecuencia del gobierno cubano a sus agentes y se decidió cuáles de ellos se admitirían en el juicio.

 

“Si [Hernández] hubiera estado al tanto de la existencia de esos mensajes de alta frecuencia (se supo más tarde que el gobierno usamericano divulgó sólo 44 de los aproximadamente 350 interceptados) y de las comunicaciones adicionales clasificadas como secretas, habría tratado de incluirlas como prueba de que no sabía que el gobierno de Cuba trataba del derribar ilegalmente el avión de Hermanos al Rescate” [1]

Desvirtuación mediática de las apelaciones

Resulta prácticamente imposible explicar las innumerables y, a menudo, enormemente técnicas violaciones al debido proceso que se enumeran en la apelación si se hace mediante un escrutinio rápido y superficial de los documentos para seleccionar las citas más sensacionalistas y, luego, contactar a las fuentes de ambos lados con el fin de pedirles su opinión. Esta técnica ya la puso en práctica el Miami Herald el pasado 26 de diciembre de 2010, en un artículo firmado por Jay Weaver y encabezado por el siguiente titular: “El jefe de los espías cubanos dice ahora que el tiroteo contra Hermanos al Rescate tuvo lugar fuera del espacio aéreo de Cuba”.

 

El texto es un ejemplo perfecto de que una lectura apresurada y selectiva no puede sustituir al verdadero periodismo de investigación, pero sí servir adecuadamente de propaganda (nótese, también, el lenguaje tendencioso del titular: “tiroteo” en vez de “derribo” y “jefe de espías” en vez de, por ejemplo, “agente cubano”).

 

El caso, tal como lo presenta el Miami Herald, es muy distinto del que defienden los abogados de Gerardo Hernández.

Errores de la defensa

El recurso de hábeas corpus de Hernández explica que uno de los errores más graves que cometió su defensa fue el de no avisarle de que tenía derecho a solicitar juicios separados para que lo juzgasen por separado por el tercer cargo de la acusación, “conspiración para cometer asesinato”, en vez de hacerlo en el mismo juicio por los cargos de “conspiración para cometer espionaje” y “agente extranjero”. La consecuencia práctica fue que los cinco cubanos fueron juzgados y condenados en un clima de culpabilidad por asociación, pero también que McKenna estuvo tan ocupado con la tercera acusación de conspiración para cometer asesinato que dejó indefenso a su cliente en las otras dos.

 

Además, al no separar el juicio, otros testigos que podrían haber testificado que Hernández no sabía nada sobre el derribo de las avionetas, entre ellos los cinco cubanos que rápidamente se declararon culpables y, sobre todo, René González –coacusado junto a Hernández–, que se había infiltrado en Hermanos al Rescate, no pudieron testificar en su defensa. El problema de que a González no le fuese posible testificar podría haberse resuelto, hasta cierto punto, en un juicio unificado por medio de un instrumento legal denominado “declaración jurada conforme a la jurisprudencia en el caso Byrd”, pero el abogado McKenna no lo utilizó.

 

“Si la defensa hubiese evaluado e investigado estas posibilidades y hubiese consultado con su cliente, éste podría haber obtenido de René González una declaración jurada conforme a la jurisprudencia en el caso Byrd, en la que quedaría demostrado que cualquier conocimiento que Hernández pudiese haber tenido con respecto a una inminente confrontación de Hermanos al Rescate con Cuba era de dominio público, a saber, que Cuba podría tratar de derribar aviones si éstos continuaban violando su espacio aéreo y que comprendía que Cuba estaba en su derecho de hacerlo en el interior de su territorio. Hernández desconocía la existencia de un plan para cometer actos ilegales o actuar de cualquier manera que pudiese provocar legítimamente una represalia militar.” [2]

De cómo el Miami Herald no se ha enterado de nada

Otro error grave de la defensa, quizá más fácil de entender a posteriori, al menos para quienes no sea abogado, fue su insistencia en tratar de poner en entredicho la decisión que había tomado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al determinar que el derribo del avión tuvo lugar en el espacio aéreo internacional, no en el cubano.

 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Fue Madeleine Albright quien impuso esa decisión al Consejo de Seguridad, a pesar de que la rama de la aviación civil de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tras muchos mesos de investigación que hubieron de prorrogarse cuando EEUU no respetó los plazos establecidos para la entrega de sus pruebas, había encontrado que los datos de los radares cubano y usamericano mostraban “diferencias significativas e irreconciliables” y, debido a tales diferencias y a otras irregularidades, el Consejo de la OACI se había negado a refrendar su propio informe de investigación. Pero eso no fue un obstáculo para Albright, pues ella y sus colegas diplomáticos determinaron por sí mismos la localización.

 

McKenna optó equivocadamente por tratar de convencer al jurado de Miami de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se había equivocado y trató de que se reexaminase esta decisión en el tribunal de Miami. Pero ya entonces la decisión del Consejo de Seguridad se había utilizado en otro juicio, también en Miami, como argumento para acceder a activos congelados de Cuba con el fin de compensar económicamente a las familias de los ocupantes de las avionetas derribadas y a sus abogados. Al tratar de convencer a un jurado de doce personas inexpertas en cuestiones de aviación de que reexaminasen la investigación de la OACI y concluyesen que era Cuba, no el gobierno de EEUU, quien tenía razón –propuesta totalmente inviable en una comunidad donde los aviadores muertos de Hermanos al Rescate habían sido presentados como héroes–, McKenna se puso a sí mismo en situación de inferioridad, ya no ante un precedente judicial, sino ante dos. Lo único que consiguió este tipo de defensa fue endurecer el antagonismo del jurado hacia su cliente. Pero lo peor es que tampoco era lo que se le había pedido que defendiese.

 

Vale la pena releer el tercer cargo de acusación para mejor comprender este detalle:

 

“Conspiración para cometer asesinato al apoyar y poner en práctica un plan destinado a derribar aviones civiles usamericanos fuera de los espacios aéreos de Cuba y EEUU”.

 

En otras palabras, un plan para derribar aviones en el interior del espacio aéreo cubano no habría infringido ninguna ley. Fue ahí donde McKenna inició su descenso por un camino pavimentado de buenas intenciones al tratar de salvar a su cliente con el argumento de que no se había cometido delito alguno.

Cuestiones históricas

A pesar de los precedentes jurídicos, una cuestión de carácter histórico que sigue sin resolver es el lugar del derribo, en cuanto se refiere a elementos de hecho. El último apéndice del recurso de apelación deja esto en claro: la información satelital de EEUU sería la forma más objetiva y definitiva para resolver la cuestión de la ubicación de una vez por todas; pero a pesar de la recomendación de su perito en aviación, George Buchner, McKenna nunca solicitó esa información, ni ésta ha sido divulgada. Buchner dice que el equipo de investigación de la OACI también intentó obtener esos datos, pero sin éxito alguno.

Fotografía satelital de la NASA que muestra incendios en Cuba y en Florida el 3 de abril de 2004

Otro apéndice de la apelación, la declaración del profesor John Quigley, experto en derecho internacional, deja en claro que algunas de las cuestiones que McKenna trató de argumentar en el juicio de Miami, como la de si los aviones de Hermanos al Rescate eran en realidad militares o civiles, eran erróneas e irrelevantes a la luz del derecho internacional establecido: “... la cuestión pertinente es si el Estado territorial podría razonablemente percibir la intrusión como una amenaza inminente, no si la aeronave era de carácter civil o militar”.

 

Este argumento en particular tuvo consecuencias verdaderamente devastadoras para Hernández, “difíciles de comprender y dolorosas de contemplar”, cuando el jurado recibió instrucciones incorrectas para “deliberar si los aviones de combate cubanos identificaron debidamente a las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate como aviones ‘militares’ conforme a las normas de la OACI, y, en caso afirmativo, si esos aviones de Hermanos al Rescate fueron derribados, efectivamente, como un “último recurso…’” [3] Esto era una cuestión totalmente ajena y absolutamente irrelevante para el cargo de conspiración del que se acusó a Hernández.

A través del espejo

A la vista de esto, el derribo fuera del espacio aéreo cubano no tiene sentido lógico alguno. No hay duda de que Cuba fue agraviada por las constantes incursiones aéreas de Hermanos al Rescate; una de las partes más interesantes de la apelación es el apéndice que incluye el informe de investigación de la OACI, un documento que nunca ha sido revelado al público hasta ahora (OACI informe, Parte 1, Parte 2). Las avionetas de Hermanos al Rescate habían pasado a vuelo rasante por el centro de La Habana, lanzando panfletos y medallas religiosas por las ventanas seis meses antes de los derribos, algo tan peligroso como ilegal, no sólo en Cuba, sino en todas partes. Los aviones tenían acceso inusual a la Base Naval de EEUU en Guantánamo, y utilizaban ese acceso para acercarse a cualquier territorio cubano que se les antojara en cualquier momento. El derecho de Cuba a defenderse contra tales intrusiones es incuestionable.

 

Sin embargo, un derribo fuera del espacio aéreo cubano daría lugar, como efectivamente ocurrió, a la condena internacional de Cuba, abriría la puerta a la confiscación de activos cubanos congelados desde 1961, y más dañoso aun, proporcionaría el impulso para establecer de forma inamovible el bloqueo de EEUU contra Cuba, mediante la legislación anticubana conocida como Ley Helms-Burton, que avanzaba lentamente en el Congreso de EEUU a mediados de los años noventa. Antes del derribo, Clinton había estado amenazando con vetar el proyecto de ley si por algún milagro fuera aprobada. Tras el derribo, la ley fue aprobada con facilidad. Es posible que no haya habido toda la confrontación que esperaba Basulto, el terrorista confeso que continuamente buscaba una repetición del ataque a Playa Girón y todavía se pregunta por qué el día 24 no se enviaron aviones de combate usamericanos en represalia, pero la ley Helms-Burton ha sido suficientemente destructiva por sí sola.

 

En el juicio de Hernández, establecer la ubicación del derribo simplemente no era la cuestión relevante y, en cualquier caso, el gobierno simplemente podría apuntar a la decisión del Consejo de Seguridad. Para condenar a Hernández, el gobierno necesitaba demostrar la existencia de un plan ilegal para derribar los aviones de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional, no el espacio aéreo cubano, que Hernández tenía conocimiento de este plan ilegal y que estuvo de acuerdo en apoyarlo.

 

Eso no pudo hacerse.

Depende de cuál sea el significado de “o”

Para superar el salto cuantitativo necesario para creer, contra toda lógica, que Cuba planeó deliberadamente derribar los aviones de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional en lugar de hacerlo en el espacio aéreo cubano, el gobierno presentó el retorcido argumento de que lo que realmente molestaba a Cuba de las invasiones aéreas de Hermanos al Rescate no eran su peligrosos y temerarios vuelos rasantes en áreas congestionadas, ni la interferencia de Basulto de las frecuencias de radio utilizadas por los aviones comerciales que viajan a través del corredor aéreo de Cuba con discursos extemporáneos sobre su derecho como “cubano libre” a violar el espacio aéreo restringido de cualquiera.

 

Según el gobierno de EEUU, lo que Cuba realmente quería lograr mediante un derribo planificado en el espacio aéreo internacional era detener el lanzamiento de panfletos por Hermanos al Rescate desde un punto justo fuera del espacio aéreo cubano donde las corrientes de aire podrían llevarlos a tierra. El informe de la OACI puso claramente de manifiesto cómo en realidad los panfletos habían sido lanzados dentro del espacio aéreo cubano, y Basulto mismo había dicho en la radio de Miami que los había lanzado dentro del espacio aéreo cubano, pero repentinamente todo esto se olvidó (y la defensa no lo rebatió).

 

Documento del informe de la investigación de la OACI que muestra la trayectoria de las avionetas de Hermanos al Rescate el 13 de enero de 1996, conforme penetraban en el espacio aéreo cubano para lanzar las papeletas que se dispersarían en La Habana y en sus suburbios del sur (sombreado en gris).

Por último, en un argumento que sólo podrían hacer los abogados, el gobierno señaló “un presunto mensaje que pidió a los agentes que infiltrasen Hermanos al Rescate para informar sobre planes de ‘misiones para lanzar panfletos o incursiones en el espacio aéreo cubano’”. [la negrita es mía]. Los abogados del gobierno señalaron que la palabra “o” era “prueba de que el plan cubano incluía la confrontación en el espacio aéreo internacional para detener la distribución de panfletos”. [4]

 

Esto fue un argumento de un tecnicismo jurídico extremo, pero en lo tocante a Hernández, no había absolutamente ninguna prueba de que tuviera alguna información privilegiada de que un derribo planificado ocurriría en algún lugar, ya fuera dentro o fuera del espacio aéreo cubano.

“Confrontación no significa necesariamente derribo”

En su voto en contra, la jueza Kravitch señaló que en el mejor de los casos, los mensajes en código presentados por el gobierno como prueba evidenciaban que Hernández (como todo el mundo, incluidos los Hermanos al Rescate) sabía que habría algún tipo de “confrontación”.

 

Y agregó: “Una confrontación no significa necesariamente un derribo”.La prueba de que incluso los Hermanos al Rescate no esperaban nada más que una confrontación que posiblemente podría terminar en un aterrizaje forzoso la constituye un video casero dejado deliberadamente en la sede de Hermanos al Rescate el 24 de febrero. En ese video, los participantes del vuelo dijeron que en caso de verse obligados a confesar en la televisión cubana podrían utilizar dos maneras de enviar mensajes cifrados a Miami: o bien no inmutándose o reaccionando de forma exagerada.

 

Kravitch lo explica con más detalle:

 

“No es suficiente que el gobierno simplemente muestre que ocurrió un derribo en el espacio aéreo internacional, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional.Aunque tal acuerdo pueda demostrarse con pruebas circunstanciales, aquí el gobierno no presentó prueba alguna, ni directa ni circunstancial, de que Hernández estuviera de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. En cambio, los indicios apuntanhacia una confrontación en el espacio aéreo cubano, lo que niega el requisito de que estuviera de acuerdo en cometer un acto ilícito.

 

”...el hecho de que las comunicaciones interceptadas tras el derribo muestren que Hernández fue felicitado por su papel y que reconoció su participación y la calificó como un “éxito” no establece claramente un acuerdo para un derribo en el espacio aéreo internacional. El gobierno no dispone de ningún indicio de que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional, en oposición al espacio aéreo cubano”.

 

Hernández ha sostenido sistemáticamenteque el mensaje cifrado que envió a Cuba después del 24 de febrero, donde dijo que “la operación a la que aportamos un granito de arena terminó con éxito”  no se refería a la operación para interceptar los aviones de Hermanos al Rescate, sino a otra totalmente diferente, la de repatriar a otro agente a Cuba. Dice que el gobierno ha creado deliberadamente “una nube… de confusión” sobre las dos operaciones a fin de utilizar ese mensaje en particular en el caso en su contra. Al concentrarse erróneamente en el lugar del derribo, McKenna no se opuso ni objetó la cínica apropiación indebida del mensaje por parte del gobierno.

 

Incluso si uno acepta la caracterización errónea de ese mensaje en particular por parte del gobierno, Kravitch explicó que todavía no es suficiente para una condena; si Hernández realmente se hubiera referido al derribo de un avión enemigo como un “éxito”, eso no quiere decir que estuviera de acuerdo con un plan para derribarlo en el espacio aéreo internacional en lugar de en el espacio aéreo cubano.

El doble cubano de Richard Gere

El agente cubano y antiguo piloto militar Juan Pablo Roque

El agente a cuyo regreso se refería Hernández en el mensaje del “grano de arena” era Juan Pablo Roque, un enigmático personaje del caso. A menudo mencionado como alguien que tiene un sorprendente parecido con Richard Gere, Roque llegó buceando hasta la base estadounidense en Guantánamo y pronto se encontró en Miami, donde conquistó los corazones de Basulto y su clan con el cuento de que era un piloto militar cubano que había sido retirado del servicio, por lo que se sintió desencantado. La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) incluso facilitó una publicación autofinanciada de sus memorias, mientras Roque comenzó a trabajar clandestinamente para el FBI, proporcionando información sobre actividades y planes ocultos y poco edificantes de Hermanos al Rescate para tráfico de drogas y contrabando de armas.

 

Pero al poco tiempo de llegar a Miami, Roque sufrió una nostalgia insoportable y pidió ser transferido de regreso. Hernández tuvo a cargo la tarea de organizar la nueva deserción del desertor. La “Operación Venecia” fue planificada como una manera de conseguir que Roque regresara a Cuba y, al mismo tiempo, aprovechar la información que Roque había reunido, mediante conferencias de prensa planificadas en donde revelaría casi la misma información que había dado al FBI.

 

A la izquierda, José Basulto; a la derecha, el agente cubano Juan Pablo Roque y, delante, René González. La cifra 2506 del avión alude a la brigada de Playa Girón financiada por la CIA, a la que pertenecían tanto Basulto como Luis Posada Carriles.

Un documento cubano ultrasecreto incluido en el recurso de apelación confirma que esta denuncia era el objetivo principal de la Operación Venecia, y que el regreso de Roque fue aprobado por el cuartel general de la inteligencia cubana “a finales de febrero o a principios de marzo de 1996”, [5] según fuese la disponibilidad de vuelos comerciales.

 

En el momento del juicio se trató a fondo el hecho de que Roque había escapado el 23 de febrero y llegó a Cuba el día del derribo o al día siguiente. Pero el momento fue una coincidencia, debida principalmente a la insistencia de Roque en que se le repatriara a tiempo para el cumpleaños de su hijo el día 26, y se puede demostrar que el derribo el día 24 era contrario a los objetivos de la Operación Venecia. Aunque Roque apareció en CNN con Lucía Newman el 27 y también lo entrevistó el periódico cubano Juventud Rebelde el 3 de marzo, todavía manteniendo su cobertura a fin de proteger a los demás agentes en Miami, la avalancha de prensa negativa sobre el derribo eclipsó en gran medida la información negativa que reveló sobre Hermanos al Rescate en la entrevista.

Demasiado poco y demasiado tarde

Hacia el final del juicio, el abogado defensor de Hernández parece haberse dado cuenta de que había estado siguiendo una pista falsa. Después de seis largos meses de denodados esfuerzos para convencer al jurado de que el lugar del derribo había sido establecido erróneamente, de improviso cambió de rumbo y le dijo al jurado que todas las pruebas que les había presentado en los últimos seis meses eran irrelevantes. Esto seguramente no les granjeó el favor, ni a él ni a su cliente, de los miembros del jurado, que estaban ansiosos por seguir adelante con sus vidas.

 

Lo importante, dijo, fue que el gobierno no pudo probar que Hernández supiera algo sobre un plan para un derribo ilegal. Pero era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho.

 

La apelación dice que, “a su favor”, McKenna ha reconocido sus errores en el juicio original y accedió a testificar en una audiencia de hábeas corpus a fin de proporcionar pruebas de por qué Hernández tiene derecho a un nuevo juicio.

 

Es probable que esa audiencia probatoria se celebre una vez que se hayan presentado todas las respuestas en el caso, en algún momento entre marzo y junio de este año, aunque según Weinglass aún se desconoce si la jueza Lenard retendrá el caso y llevará a cabo la audiencia ella misma o si la remitirá a otro juez, como ocurre con frecuencia en Miami.

Una fuerza invisible

Mientras tanto, en el desolado desierto de California, Hernández sigue siendo un activo defensor de su propio caso y del de sus cuatro compañeros. Esto conduce a veces a curiosos resentimientos por parte de sus carceleros. “Recibes demasiado correo”, le dicen, y en la lógica invertida del sistema penitenciario federal, la solución consiste en retener su correo hasta que el exceso se convierte en una avalancha. Él sigue soportando castigos extrajudiciales, como la negación de una visa, durante 13 años consecutivos, para que su esposa lo visite. Se le niega el acceso al correo electrónico que, en cambio, se concede a delincuentes habituales y probadamente violentos que están presos en la misma cárcel. El verano pasado fue transferido de improviso e inexplicablemente a la “celda de castigo” de la cárcel, de la que fue liberado unas semanas más tarde a raíz de una protesta internacional.

 

Con independencia de que en última instancia se le conceda a Hernández su derecho a un juicio justo mediante un nuevo proceso, él conserva intacto el optimismo, atemperado por el sentido de la realidad. De los múltiples esfuerzos que se están haciendo para obtener su libertad dice “son como el agua que cae sobre una roca”, e incluso las rocas más duras ceden con el tiempo.

Vallas publicitarias como ésta abundan en Cuba, donde se conoce a los 5 Cubanos como los "5 Héroes" y se da por seguro que algún día volverán. (Foto: Bill Hackwell)

Mi agradecimiento a Nelson Valdés, Manuel Cedeño Berrueta y Manuel Talens por su ayuda en la preparación y traducción de este informe.

 

Notas

[1] Gerardo Hernández, Movant, vs. United States of America, Respondent - Memorandum in Support of Motion to Vacate, Set Aside, or Correct Judgment and Sentence under 28 U.SC. § 2255, p. 79.

[2] Ibid, p. 19.

[3] Ibid, p. 37.

[4] Ibid, p. 31.

[5] Ibid, Appendix B.

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Gracias a: Tlaxcala
Fuente: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=3345
Fecha de publicación del artículo original: 19/01/2011
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