Cercano el 11 de septiembre es inevitable recordar abominables acontecimientos luctuosos ocurridos en la fecha. Se cumplen 39 años del golpe fascista contra el presidente Salvador Allende y 11 del atroz ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. El primero, una acción de terrorismo de Estado de Estados Unidos pues está documentado que fue planeado por la CIA, aprobado por el secretario de Estado Henry Kissinger y ordenado por el presidente Richard Nixon. El segundo, también una acción terrorista y por ello condenable desde todo punto de vista aunque no se disponga todavía de una información convincente sobre los hechos.
Curiosamente el número de personas fallecidas a consecuencia del primero y el segundo ronda alrededor de 3 mil, cercano pero menor a la cantidad que ha costado a Cuba la campaña terrorista patrocinada por Washington desde 1959, incluyendo la frustrada invasión de Bahía de Cochinos (3 mil 478 muertos y 2 mil 99 incapacitados, para ser exacto). Los crueles y cotidianos sufrimientos y privaciones impuestos por el redoblado e interminable bloqueo son inmensurables.
Después del 11 de septiembre de 2001, Washington se autoproclamó campeón mundial de la lucha contra el terrorismo pero ha usado una doble vara para medirlo. Ello explica que hace casi 14 años, desde antes de aquella fecha, mantenga en prisión a los cinco luchadores cubanos contra el terrorismo apresados en Miami (René González está bajo libertad supervisada y obligado a permanecer tres años más en Estados Unidos a partir del 7 de octubre de 2011) mientras mima a los terroristas que aquellos monitoreaban. Los cinco fueron condenados a penas totalmente desproporcionadas en un juicio plagado de violaciones a la Constitución y las leyes estadunidenses. Pese a su ejemplar conducta han sido puestos en confinamiento solitario en numerosas ocasiones y a dos de ellos se les ha impedido recibir la visita de las esposas residentes en Cuba, por supuestamente constituir una amenaza a la seguridad nacional del imperio. No es fortuito que una Corte de Apelaciones federal ordenara anular el juicio ni que un panel de la ONU declarara que este no se rigió por las normas del debido proceso. La injusticia con los cinco es tan notoria que hizo exclamar a Gore Vidal: Es una prueba más de que tenemos una crisis de derecho, una crisis política y una crisis constitucional. Mientras, Noam Chomsky ha afirmado: La situación de los cinco es un escándalo tal que es difícil hablar de ella. Once premios Nobel respaldaron una apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ésta ni consideró.
Pero resulta que desde 2006 comenzó a salir a flote que el gobierno estadounidense había pagado a numerosos periodistas que actuaron como agentes secretos durante el juicio con el fin de manipular a la opinión pública de Miami. Entre los medios utilizados están la CBS, The Miami Herald, El Nuevo Herald, Diario las Américas, Radio y TV Martí y WAQI. Para teñir el juicio en conjunto usaron la acusación de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo Hernández, inventada por la fiscalía meses después del levantamiento de los cargos. Existen pruebas contundentes de lo contrario: no eran Gerardo ni tampoco La Habana, sino la Casa Blanca la que conocía muy bien que el 24 de febrero de 1998 avionetas de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate iban a violar una vez más el espacio aéreo de Cuba, como venían haciendo habitualmente. La Habana, luego de enviar más de 12 notas diplomáticas exigiendo poner fin a las violaciones e incluso recurrir a los buenos oficios de Gabriel García Márquez ante el presidente Bill Clinton, advirtió a Washington que de continuar aquellas los aparatos serían derribados, como en efecto ocurrió. Clinton había prometido detenerlas.
Obviamente, un proceso en que ninguno de los cargos fue probado, en que el principal es un burdo invento y en que el gobierno pagó a periodistas de la ciudad sede del juicio y lugar de residencia de los jurados, carece de los mínimos requisitos para ser considerado legal. Ese argumento está contenido en un nuevo affidavit presentado por el abogado Martin Garbus, que busca la revocación de la condena de Gerardo Hernández basada en la mala conducta masiva del gobierno, con sus pagos de varios millones de dólares a periodistas. Washington se niega a abrir sus archivos pues de hacerlo se le caería todo el juicio.
Fuente La Jornada
Imagen agregada RCBáez
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