“…Y no me vengan con cuentos de camino
que yo no sólo pienso sino, además, opino”.
Nicolás Guillén
que yo no sólo pienso sino, además, opino”.
Nicolás Guillén
No uno sino dos grandes jurados federales fueron convocados para reunir evidencias con vista a una posible presentación de cargos contra Luis Posada Carriles. Por ingenuidad o por exceso de optimismo, muchos pensamos que al fin el gobierno de Estados Unidos se había decidido a emprender acciones contra el segundo -siguiente de Bin Laden- en el “ranking” mundial del terrorismo que ahora, después de la ejecución extrajudicial de este último, pasa al primer lugar indiscutido, pues ningún otro tiene en su haber hazañas satánicas de la magnitud de la voladura en el aire de un avión de pasajeros con 73 personas a bordo.
Pero ambos grandes jurados pasaron misteriosamente, como estrellas fugaces en cielo nublado y desaparecieron sin hacer ruido, sin dejar nada. Y uno se pregunta ¿por qué, después de gastar millones de dólares del contribuyente norteamericano sólo se presentaron ridículos cargos a Posada Carriles por mentiroso y ni siquiera por eso quisieron condenarlo? (1) ¿Y por qué los grandes jurados accionaron en el distrito occidental de Texas y en Newark, New Jersey, y no en Miami donde vive Posada y donde notoriamente está el baluarte principal de la mafia que lo protege? ¿No se encuentra en Miami la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana, una de las fuentes financieras de Posada Carriles en sus actividades terroristas contra la Isla? ¿No entregaron las autoridades cubanas al FBI “los expedientes de 40 terroristas de origen cubano, la mayoría de los cuales vivía en Miami y los datos para encontrar a cada uno de ellos?” (2). ¿Por qué convocaron un gran jurado en El Paso, donde sólo se podían obtener evidencias de violaciones migratorias?. ¿Y por qué en New Jersey donde los “sujetos de interés” y los “blancos” (3) estaban todos muertos y los testigos eran amigos o cómplices de los terroristas?
Antes de intentar dar respuesta a estas preguntas, debido a la enorme desinformación que existe en relación con el gran jurado, creo necesario dedicar algunos párrafos al análisis de qué es y qué significa esta institución en la historia de Estados Unidos y de cómo cambiaron sustancialmente su naturaleza y sus propósitos después del 11 de septiembre de 2001.
Lo primero que hay que destacar es que se trata de un mastodonte antediluviano surgido en el siglo XII en Inglaterra como arma política del rey Enrique II contra sus enemigos y que actualmente no existe en ningún país de habla inglesa (ni en ningún otro país) excepto en Estados Unidos. Inglaterra –su cuna- abolió el gran jurado hace ya 78 años (1933), Nueva Zelanda en 1961, Canadá en 1984, Australia lo utilizó en raras ocasiones y renunció definitivamente a utilizarlo en 2009.
En Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los estados lo han abandonado también, sustituyéndolo por audiencias preliminares en las cuales un juez escucha las evidencias sobre el supuesto delito y toma una decisión con respecto al procedimiento a seguir.
El Gran Jurado evolucionó desde los tiempos de Enrique II por dos caminos diferentes. Por una parte se convirtió en escudo contra la persecución injusta de los ciudadanos (pero no de los esclavos, ni de los siervos ni de las minorías); panel de vecinos que determinaría la existencia o no de suficiente evidencia para llevar a juicio a personas acusadas de graves delitos. Tuvo sus mejores momentos al defender a los súbditos de las colonias inglesas frente a los desafueros de la metrópolis y es por este motivo que fue incorporado al “Bill of Rights” de la Constitución de Estados Unidos. Otros momentos felices se asocian a las décadas de 1920 y 1930 cuando se usó para incriminar a las familias mafiosas de New York, Chicago, Kansas City y Pittsburgh.
Por otra parte, continuó sirviendo al poder establecido como poderoso instrumento inquisitorial y de castigo. Antes y después de la independencia de Estados Unidos fue utilizado para sostener la esclavitud en contra de los abolicionistas y de los que protegían a los esclavos fugitivos. El presidente Thomas Jefferson lo usó para acusar de sedición a sus enemigos políticos.
Durante décadas fue el arma favorita contra el movimiento obrero. Se empleó también contra anarquistas, comunistas, socialistas, en la persecución a todo tipo de movimiento progresista, contra los pacifistas, contra las asociaciones en pro de los derechos civiles, contra las organizaciones radicales negras, etc.
La administración del presidente Richard Nixon convirtió el gran jurado federal en un aparato de inteligencia. Con ese fin reactivó la dormida “Justice Department’s Internal Security Division” (ISD), un equipo de fiscales federales escogidos, formado durante la cacería de brujas anticomunista de las décadas de 1940 y 1950. Casi desaparecida, la ISD pasó de 6 a 60 fiscales investigadores (un aumento del 1000 %) y controlaba las investigaciones del gran jurado en 36 estados y 84 ciudades (4). La versión actualizada de este método la vimos con el “asesoramiento” de fiscales del “Homeland Security” (Seguridad Nacional) a sus colegas a cargo de los grandes jurados de El Paso y Newark.
Lo segundo a destacar es la descentralización del sistema de justicia criminal entre los estados. A este nivel estatal y condal existe un verdadero caos. Las reglas que rigen la formación, el funcionamiento y los objetivos de los grandes jurados estatales, donde todavía se utilizan, son diferentes para cada estado. Por ejemplo, el número de sus integrantes puede ir desde 5 hasta 23. En algunos estados permiten que un abogado acompañe al testigo en su comparecencia, en otros se prohíbe terminantemente. En algunos es obligatoria la lectura de los derechos que otorga la 5ta. Enmienda, en otros se omite este procedimiento. En algunos se permite, en determinadas circunstancias, que el “target” o persona que es objeto de la investigación, declare o presente pruebas exculpatorias, en otros no.
Pero mientras el poder del gran jurado se difumina en las jurisdicciones estatales y condales, en la jurisdicción federal, por el contrario, su poder ha crecido, sobre todo en las últimas décadas, actúa en los 50 estados, y actualmente es una amenaza por su capacidad para neutralizar o suprimir los derechos constitucionales de los ciudadanos. El senador Edward Kennedy, testificando ante el Subcomité Judicial de la Cámara, en marzo de 1992, expresó: “Somos testigos del nacimiento de una nueva especie de animal político, el gran jurado ‘kangaroo’ (5), engendrado en un oscuro rincón del Departamento de Justicia y alimentado por una administración [de George Bush padre] inclinada a torcer la aplicación de la ley para servir a sus propios fines políticos; peligrosa forma moderna de la secreta inquisición de la ‘Star Chamber’ (6) que está pisoteando los derechos de los ciudadanos estadounidenses de costa a costa”.
El gran jurado federal, en su versión moderna, está compuesto por 16 a 23 miembros. Con 16 se alcanza el quórum, y la mayoría con 12. Las sesiones son secretas y se realizan en locales sin acceso al público en los edificios de las cortes federales. Existen diferencias fundamentales entre el jurado común y el gran jurado. Este último no juzga, su función es investigar y determinar si hay “causa probable” para un juicio. A las sesiones del gran jurado no asisten ni abogados defensores ni periodistas y sus miembros no pueden, bajo juramento, divulgar lo que se diga o suceda. Las evidencias que se obtienen por medios anticonstitucionales y que se rechazan en los procesos judiciales ordinarios, son rutinariamente admitidas por los grandes jurados, ya que no hay defensor que objete, juez que controle, prensa que vigile, ni opinión pública informada que reaccione, pero sí hay un fiscal que las procura.
Toda persona que es citada (“subpoenaed”) está obligada a comparecer ante el gran jurado. Al comenzar el interrogatorio puede acogerse a la Quinta Enmienda, pero si el fiscal le promete inmunidad tendrá que responder a todas las preguntas o ir a la cárcel. Y no existen límites para el interrogatorio. El fiscal puede preguntarle cualquier cosa, y durante todo el tiempo que quiera, de su vida y de su pensamiento, de sus afiliaciones políticas, de sus amigos y de sus familiares, de lo que usted piensa de la lucha de los palestinos, o de la independencia de Puerto Rico, o del embargo contra Cuba, o de los bombardeos contra Libia, o de cualquier otro asunto. Puede preguntarle de su vida sexual, de sus enfermedades, de sus ingresos y gastos, de sus sentimientos, de sus convicciones religiosas. Y puede luego interrogar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos sus familiares y amigos y preguntarles por usted; y cualquier contradicción en las declaraciones, espontánea o provocada, puede utilizarse para una acusación de perjurio.
Dos de los más prestigiosos juristas norteamericanos, Margaret y Michael Ratner escribieron (7):
“…Usted pudiera pensar que tiene el derecho a no responder a preguntas humillantes, que tiene el derecho, garantizado por la Quinta Enmienda, a no auto-incriminarse. Pero no. Usted tiene que responder a todas las preguntas. El fiscal sólo necesita prometer que no utilizará contra usted lo que usted diga. Pero puede ser utilizado contra otros, incluyendo a sus amigos. Y aún puede usted ser acusado por el delito sobre el cual testificó”.
“…Después que le otorgan inmunidad, si usted rehúsa responder a las preguntas, si usted rehúsa discutir su ideología política o la de otros, usted va a la cárcel. Usted va a la cárcel hasta que hable. No importa si usted tiene niños o un trabajo o está enfermo. Usted puede ir a la cárcel por muy largo tiempo. A veces durante años”.
“Usted puede pensar, ‘Bueno, no tengo de que preocuparme. No soy un criminal y no soy amigo de criminales. Esto no me puede suceder a mi’. Pero usted se equivoca. Todo tipo de personas puede ser atrapado en las redes del gran jurado. De hecho, uno de sus usos ilegítimos es destruir los movimientos políticos, intimidar a los activistas, y encarcelar a los líderes”.
Los integrantes del gran jurado escuchan sólo la parte inculpatoria de los hechos, la que les proporciona el fiscal, sin que exista un juez que supervise ni abogados defensores. Es el fiscal federal, por tanto, el que domina todo el proceso. Es él quien determina quiénes serán investigados, quiénes serán citados a declarar, quiénes recibirán “inmunidad”, qué documentos -y otras pruebas materiales- serán solicitados o requisados, sin consideración de la Cuarta Enmienda, y qué cargos serán incluidos en la acusación. El dominio del fiscal federal es tan absoluto que es célebre la frase de Sol Wachtler cuando fungía como juez principal de la corte de apelaciones de New York, refiriéndose a la fácil manipulación del gran jurado: “Cualquier fiscal que lo desee puede lograr que el gran jurado presente cargos contra un sandwich de jamón” (8).
Con posterioridad a septiembre 11 de 2001, las pocas limitaciones que servían de control fueron eliminadas. Ahora, por ejemplo, bajo el amparo de la Ley Patriota, el Departamento de Justicia puede revelar y compartir materiales secretos del gran jurado, sin aprobación ni supervisión de las cortes, con el FBI, la CIA, la DEA, el Homeland Security y otras agencias del gobierno. Con el pretexto del “antiterrorismo” el gran jurado se convierte cada vez más en apéndice y herramienta política del Ejecutivo. Los miembros del gran jurado no son otra cosa actualmente que peones que actúan cumpliendo decisiones unilaterales del fiscal. “Rubber stamp” (sello de goma) llaman al gran jurado porque pone el cuño de aprobación a todas las decisiones del fiscal.
El tercer aspecto a destacar, por consiguiente, y el más importante, es que el gran jurado no es, como se supone debía ser, una institución independiente sino que actúa siguiendo las instrucciones del fiscal federal y éste a su vez las del fiscal general, de los fiscales del Homeland Security y de la Casa Blanca. Con el disfraz solemne de una institución de justicia es, en realidad, una institución política subordinada al Ejecutivo. Su potencial como arma política es inmenso pues los fiscales federales son nombrados por el presidente y el gran jurado tiene autoridad para actuar no sólo cuando se viola la ley sino también cuando el fiscal sospecha que se viola la ley o incluso para cerciorarse de que se cumple la ley. En otras palabras, puede poner en acción el gran jurado cada vez que lo desee o reciba instrucciones en este sentido de instancias superiores.
Teniendo en cuenta estas premisas, podemos entender mejor por qué se convocó en otras partes y no en el Sur de la Florida el gran jurado. La maniobra de convocarlo en New Jersey para investigar conexiones económicas con Luis Posada Carriles no pasó inadvertida para el Duende de Radio Miami, que en septiembre de 2007 señaló la paradoja de investigar en otro lejano estado mientras el principal acusado vivía en Miami y sin que la justicia investigase sus actos criminales.
Y es que el gran jurado en El Paso y el gran jurado en Newark fueron convocados precisamente para que el gobierno mantuviese el control de la situación pues un gran jurado federal sólo puede investigar delitos cometidos en el distrito donde sesiona (9). Ambos jurados creaban la ilusión de una fuerte actitud federal contra Posada Carriles y enmascaraban los verdaderos objetivos, evitar la ubicación del gran jurado en el Sur de la Florida y ganar tiempo para que el gobierno pudiese evitar la extradición de Posada Carriles a Venezuela, a lo que está obligado por las leyes internacionales si no lo juzga en Estados Unidos. Pero un gran jurado en Miami era demasiado peligroso, como demuestran por ejemplo, las declaraciones de Gina Garrett-Jackson, abogada de Homeland Security, el 18 de enero de 2011, en el juicio en El Paso a Luis Posada Carriles. Por ella supimos que la jueza Caroline Heck Miller, fiscal federal de Miami que desempeñó un papel protagónico en las desmesuradas condenas impuestas a Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, se negó, en agosto de 2005, a procesar a Luis Posada Carriles por sus actividades terroristas.
Es probable que la jueza Heck-Miller rehusase porque sabe que un gran jurado en Miami no sólo puede verse arrastrado a indagar en las profundidades insondables de la complicidad gubernamental con el terrorismo contra Cuba sino que puede irse fácilmente de las manos. Parte de este peligro es el hecho de que los integrantes de los grandes jurados federales son extraídos de áreas geográficas mucho más amplias que los de jurados locales. Este gran jurado, por tanto, estaría compuesto por ciudadanos de diferentes ciudades de la Florida, designados al azar y sin selección posterior.
Además, a pesar del obligado secretismo y los poderes del fiscal que hemos señalado, existen antecedentes de jurados “runaway” (fuera de control). Un conocido caso tuvo lugar en la planta de armas nucleares de Rocky Flats, propiedad de Rockwell International, en las afueras de Denver, Colorado. El jurado comenzó a investigar en 1989 violaciones de las leyes ambientales, incluyendo contaminación por desechos radiactivos. Pero cuando el fiscal federal decidió llegar a un arreglo indecoroso imponiendo una multa pero sin instruir de cargos criminales a ninguno de los ejecutivos responsables, el jurado acusó al fiscal y a varios funcionarios del gobierno.
Imaginemos por un instante lo que significaría un gran jurado sesionando en Miami para investigar en serio las acciones criminales de Luis Posada Carriles. En Miami, donde existen centenares de “subjects” o “personas de interés”, responsables de organizar numerosas acciones terroristas contra Cuba, realizadas dentro y fuera del territorio de Estados Unidos; donde es fácil encontrar a miles de testigos materiales que conocen de estas conspiraciones terroristas; donde existen decenas de organizaciones contrarrevolucionarias con largas historias de acciones violentas; donde lucra con millonarios fondos federales toda una industria anti-castrista; donde la corrupción es endémica; donde un alcalde de Hialeah es capaz de entregar las llaves de la ciudad y rendir homenaje a un terrorista confeso; donde viven y nadie los molesta ex-miembros de escuadrones de la muerte centroamericanos, ex-paramilitares colombianos, golpistas y criminales de la DISIP venezolanos, torturadores y asesinos de todo el resto de la América del Sur y del Caribe, y políticos ladrones provenientes de los cuatro puntos cardinales, que en Miami escapan todos a la justicia popular.
Inevitablemente, sucedería justo lo que tanto el gobierno como la ultraderecha cubano-americana han tratado siempre de evitar, la atención de la opinión pública de Estados Unidos. ¿Y cómo podrían evitarlo, por mucho secreto que guarde el gran jurado, con el desfile interminable ante el panel de personajes de leyendas de horror como, por ejemplo, los que asesinaron a Carlos Muñiz Varela?
Y cada palabra, cada confesión, de cada uno de esos personajes siniestros, sería una prueba más de la inocencia de nuestros cinco hermanos injustamente presos en cárceles de Estados Unidos.
(1) Ver en Cubadebate: “Diario de El Paso” por José PertierraY cada palabra, cada confesión, de cada uno de esos personajes siniestros, sería una prueba más de la inocencia de nuestros cinco hermanos injustamente presos en cárceles de Estados Unidos.
(2) Ricardo Alarcón de Quesada: “Los Héroes Prohibidos”, Editora Política, La Habana, 2010, p. 57.
(3) Las personas que son llamadas a declarar ante el gran jurado se clasifican en “witness” (testigos), “subjects” (sujetos o personas de interés) y “targets” (blancos, focos de investigación).
(4) Leslie Berger: “The Grand Jury”, Chelsea House Publ., 2000, p. 67.
(5) “kangaroo”: falso, fraudulento, donde los resultados se conocen de antemano y la justicia se mueve a saltos como un canguro.
(6) “Star Chamber”: tribunal con sede en el Palacio de Westminster hasta 1641, donde se torturaba a los detenidos y los juicios eran secretos y utilizados como arma política contra los enemigos de la monarquía.
(7) Margaret Ratner et Michael Ratner: “The Grand Jury: A Tool to Repress and Jail Activists”. In: “States of Confinement”, St. Martin’s Press, New York, 2000, p. 278.
(8) “How to Indict a Ham Sandwich”, Washington Times Aug. 18, 1999.
(9) Susan Brenner et Lori Shaw: “Using a Grand Jury to investigate the September 11, 2001 Terrorist Attacks”, The Federal Grand Jury, 2002.
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
Entre los defensores de Luis Posada Carriles y de otros terroristas como Santiago Álvarez, el más conocido es seguramente el ex fiscal federal del Sur de la Florida, Kendall Coffey, quien alcanzó notoriedad por morder a una bailarina en un bar de “strip tease”. Coffey presentó su renuncia como fiscal en mayo de 1996. Pero su fama proviene principalmente de su actuación como abogado para impedir la devolución a su padre y el regreso a Cuba del niño Elián González, de su imprecisa actuación cuando el fraude electoral en Miami del año 2000 que dio la presidencia a George W. Busch, y por su fracaso en el proceso judicial contra dos traficantes acusados de introducir en Estados Unidos un cargamento de 75 toneladas de cocaína con un valor de 2 billones de dólares, el mayor caso de tráfico de drogas perdido por fiscales federales.
